El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expresó nuevamente su preocupación por las presiones que ha recibido de diversas comunidades en el departamento de La Guajira, para que se contrate nuevamente con un operador al que califica de “corrupto”.

Se trata de Fundasistir, un operador con el que la entidad suscribió un contrato en mayo pasado y que vence el 31 de octubre para la alimentación de niños en esa zona del país, pero que en una inspección que realizaron expertos del ICBF encontraron no solo que no ha cumplido sino que, además, ha vulnerado los derechos de los infantes.

Por ello, la directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, anunció que este lunes interpondrá una nueva denuncia penal en contra de los representantes de Fundasistir.

“Estamos bajo la presión de muchas comunidades que quieren que obligarnos a que contratemos con algunos operadores que no cumplen con la calidad a la que tienen derecho los niños. Muchas comunidades (de La Guajira) quieren obligarnos a que se contrate nuevamente con un operador que es corrupto, nos están presionando, no nos dejan prestar servicio, no nos dejan entrar, reciben con machete a los operadores que vienen de otras regiones”, señaló la funcionaria.

Debido a la situación, en este momento 1200 niños no reciben atención en La Guajira, porque la comunidad solo acepta que los menores sean atendidos por ese operador.

Plazas Michelsen mostró un video de la inspección que realizaron los funcionarios del ICBF a la sede de Fundasistir, donde son atendido los menores, y se observan pésimas condiciones de salubridad: colchonetas viejas en las que descansan hasta doce menores; alimentos en el piso sin las mínimas condiciones de salubridad y deterioro evidente de la sede locativa.

“Nosotros, como ICBF, no nos dejamos presionar, nos amenazan con bloqueos de carreteras, bloqueos de vías férreas, pero no nos vamos a dejar presionar, porque primero están los derechos de los niños. Pero solo contrataremos a aquellos operadores que cumplen los servicios con calidad.

Desnutrición

Cristina Plazas Michelsen también se refirió a las 64 muertes de niños, al parecer asociadas a casos de desnutrición, en especial de la población wayúu, de ellas tres en los últimos días.

Al respecto, dijo les hizo un llamado a todas las autoridades indígenas de La Guajira para que “entre todos acabemos con la desnutrición que existe en La Guajira”, pero dijo que eso solo se logrará cuando “los intereses de los niños primen por encima de los intereses particulares, que es lo que está primando en muchas comunidades”.

No obstante, la funcionaria recordó que en esa sección del país el problema es de hambre sino de que muchos de los niños fallecidos nacieron con una enfermedad base. “Yo siempre he dicho que uno de los problemas es la atención de parto: por tratarse de zonas alejadas, quien atiende los partos son el papá o una persona no experta, y son muchas las discapacidades prevenibles que se viven en La Guajira”,

A esa problemática agregó otras: “muchos niños han nacido con un problema neurológico severo, muchas veces no por hambre sino que no pueden comer por esa enfermedad y como la EPS no cumple su función no les hacen las terapias que requieren los niños. Además, cuando los niños no toman agua potable tiene tantos parásitos en el estómago que no pueden absorver los nutrientes. No podemos decir entonces que en La Guaira todas las muertes de niños son por hambre”.

Llamado a madres comunitarias

De otro lado, ante el anuncio de un grupo de madres comunitarias de iniciar un nuevo paro por lo que llamas “incumplimiento” de algunos puntos pactados en abril pasado para levantar el cese de actividades, la funcionaras les hizo un nuevo llamado al diálogo.

“Hacemos un llamado a las madres comunitarias a que nos sentemos. Cada paro afecta a un niño, a una mamá y a un papá. Los llamo al diálogo para que no sean los niños los más afectados por una situación como esta”, afirmó.