La organización Human Rights Watch (HRW) pidió a Colombia modificar las "graves deficiencias" que considera tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluida en el acuerdo con las Farc, y que considera que podría permitir a criminales de guerra eludir un "castigo serio".

La petición está incluida en un memorial presentado en calidad de "amicus curiae" (amigos de la corte) enviado a la Corte Constitucional, según recoge un comunicado de HRW.

En su memorial también consideran que hay problemas en la definición de "responsabilidad de mando", es decir, "el criterio que determina cuándo los comandantes pueden tener responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus subordinados".

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Human Rights Watch también pidió a la corte que asegure una participación genuina de las víctimas en los procedimientos ante la JEP.

En este sentido, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, comentó que "si bien el proceso de paz es una oportunidad histórica para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia, su componente de justicia apenas garantiza unos mínimos de justicia a las víctimas de graves atrocidades cometidas durante el conflicto armado".

Por ello, consideró que la Corte Constitucional "tiene la oportunidad de garantizar una rendición de cuentas genuina, tanto para los altos mandos del Ejército como para comandantes de las Farc que hayan cometido crímenes de guerra".

HRW también considera "preocupantes" dos disposiciones del proyecto de ley que creen que podrían impedir que defensores de derechos humanos se desempeñen como jueces en la JEP.

Las disposiciones excluyen, entre otros, a quienes en los últimos cinco años "hayan tramitado acciones ante Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos" o "pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones" que hayan intervenido en casos judiciales "relacionados con hechos del conflicto armado".

"Impedir que abogados de derechos humanos sean jueces es una política absurda", sostuvo Vivanco.

Asimismo, agregó que "lejos de asegurar la imparcialidad judicial, estas disposiciones eliminan a candidatos que podrían tener justamente el tipo de conocimiento y experiencia necesarios para juzgar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos".

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En julio del año pasado HRW presentó un informe que recoge sus preocupaciones y argumentos desde el "derecho internacional" sobre el Acto Legislativo 1 de 2017, que estableció la Justicia Especial de Paz tras la firma del acuerdo con las Farc.

Entonces denunciaron que había "una disposición excesivamente amplia sobre la participación política para miembros de las Farc y una definición injustificadamente rígida de responsabilidad de mando para miembros de las Fuerzas Armadas que podría impedir que altos mandos de la fuerza pública rindan cuentas por los crímenes cometidos por sus subalternos".