Combatientes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (Eln) y paramilitares de autodefensa son responsables por abusos contra la población civil en la costa occidental de Colombia, denunció este miércoles la entidad Human Rights Watch (HRW).

En un informe de 12 páginas presentado formalmente este miércoles en Washington, la entidad humanitaria documentó en el departamento de Chocó abusos como homicidios, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad.

El director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló al presentar el informe que los combatientes del Eln y paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) son los principales responsables por los abusos.

"Mientras se disputan el control del río San Juan, el Eln y las Agc han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades, restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia", señaló.

Entre los sectores civiles más afectados por esta situación se encuentran comunidades afrocolombianas e indígenas wounaan, que habitan en las riberas del río San Juan.

De acuerdo con testimonios recogidos por HRW en la región, apenas en los dos primeros meses de 2017 más de 1.300 personas resultaron forzadas a desplazarse de la región.

El río San Juan constituye un "codiciado corredor hacia el Océano Pacífico", destaca el informe, y ello motiva el conflicto entre el Eln y los paramilitares de la región para controlar su acceso.

Vivanco recordó que el Eln mantiene en Ecuador conversaciones con el gobierno de Colombia para un eventual acuerdo de paz, pero sugirió que la situación en el departamento de Chocó deben ser parte de esas negociaciones.

"Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó. Si el Eln tiene un compromiso con la paz debería respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles", apuntó.

En tanto, los paramilitares ligados a las Agc son responsabilizados por asesinatos en la región. HRW mencionó "señalamientos creíbles" que tanto el Eln y las Agc buscan reclutar a menores de edad como informantes.

En tanto, añadió la entidad humanitaria en su informe, se verifican "limitaciones en la asistencia de gobierno a las familias desplazadas" y destacó que las autoridades deben garantizar a las víctimas del desplazamiento albergue y alimentos dignos.