La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a Colombia "frenar" el ascenso de un grupo de militares señalado de ejecuciones extrajudiciales, una solicitud desestimada por el gobierno que negó esas acusaciones.

"Las autoridades colombianas deberían asegurar que los generales y coroneles contra quienes haya evidencias creíbles de que han participado en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos no sean ascendidos en la actual ronda de ascensos", indicó la ONG en un comunicado fechado en Washington y divulgado en Bogotá.

El organismo cuestionó al Ministerio de Defensa por presentar el 10 de octubre los currículos de al menos cinco generales y coroneles, de los 39 que tiene previsto ascender, sobre quienes HRW "ha identificado evidencias creíbles y convincentes de que estarían implicados en casos de 'falsos positivos'".

En Colombia se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles durante el conflicto armado de más de medio siglo, a quienes los militares presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener promociones y beneficios.

El Ministerio de Defensa rechazó los señalamientos al asegurar que no tiene noticias de que existan "investigaciones en contra de los 39 oficiales que esperan ser ascendidos" y que sus trayectorias "han sido revisadas previamente por diferentes instancias".

"Lista de los 39 oficiales que esperan ser ascendidos no tiene objeciones, no hay duda de la integridad de su calidad humana ni profesional", escribió el despacho en su cuenta en Twitter, en el marco de una reunión del ministro Luis Carlos Villegas con la comisión segunda del Senado, encargada de aprobar los ascensos.

"El Senado colombiano debería examinar las hojas de vida cuidadosamente y rechazar los ascensos de militares contra quienes existan evidencias creíbles de abusos. De lo contrario, se reforzaría el mensaje de que en Colombia los oficiales no rinden cuentas por sus crímenes", dijo por su parte el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el documento.

Sin embargo, solo horas después de la advertencia, la comisión segunda del Senado aprobó por unanimidad los ascensos, que la semana próxima deberán ser evaluados por la plenaria.
       
"Evidencia de responsabilidad penal"

Para realizar estos cuestionamientos, la ONG se basa en una investigación propia de junio de 2015 y en las llevadas a cabo por la fiscalía colombiana hasta diciembre de 2014. Se "ha advertido que brigadas comandadas por varios de los oficiales que se prevé ascender participaron en un número significativo de homicidios", afirmó.

Además, anotó que existen "evidencias plausibles de responsabilidad penal" por las ejecuciones extrajudiciales contra estos miembros del Ejército, de los cuales cuatro están siendo investigados por el ente acusador.

Responsabilizó de estos hechos a los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quienes serían ascendidos al grado de mayor general, y los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez, quienes serían ascendidos a brigadier general.

Según HRW, las autoridades han condenado a más de 800 miembros del Ejército por los "falsos positivos" -una práctica que calificó de "sistemática" entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe- en su "vasta mayoría soldados y suboficiales".

"Por el contrario, no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército colombiano. En lugar de ello, han ascendido de rango a muchos militares presuntamente implicados en 'falsos positivos'", asegura el texto.

Colombia registra más de 260.000 muertos en medio siglo de violencia fratricida, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública.