Cuando el país afronta una escalada de violencia producida por la suspensión del cese unilateral decretado por la guerrilla, este miércoles la Mesa de Diálogos recibió un nuevo aire del lado de la guerrilla, que volverá a adoptar esa medida durante un mes, a partir del próximo 20 de julio.

Esto acogiendo el llamado de los países garantes del proceso, que pidieron llegar pronto a un cese bilateral y dar pasos urgentes a desescalar el conflicto en el país.

Sectores políticos y sociales respaldaron la solicitud, pues, de acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), durante junio, mes siguiente a la suspensión del cese, las FARC realizaron 83 acciones violentas, entre ellas: 24 hostigamientos a puestos fijos de la Fuerza Pública, 21 explosiones intencionales (la mayoría de ellas contra la infraestructura de hidrocarburos), 9 incendios de vehículos de carga y transporte de pasajeros, 4 emboscadas y 3 asesinatos. La cifra la completan amenazas, incursiones, robos e instalaciones de artefactos explosivos.

Los acuerdos logrados

Mientras esas tensiones aumentan la desconfianza de los colombianos en el proceso de paz, en Cuba el Gobierno y las FARC continúan trabajando en el punto de víctimas, cercano a completar un año en discusión.

Si bien las comisiones han discutido varios asuntos claves en ese punto, fue hasta el pasado 4 de junio cuando se dio un avance concreto, al pactar la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que entrará a operar una vez se firme el Acuerdo Final.

Esto mostró que pese al bombardeo del Ejército a un campamento de las FARC, en el que fueron abatidos 26 guerrilleros en el Cauca, la mesa seguirá produciendo avances.

Esto a su vez precedido por los acuerdos preliminares en materia de narcotráfico y drogas ilícitas, reforma agraria y participación política; a los que se suman dos pactos de inmediata ejecución referentes al desminado humanitario y el reclutamiento infantil a menores.

Si bien no hay pacto para retirar a los mismos de las filas, el 12 de febrero la guerrilla anunció el compromiso de frenar el reclutamiento a los de menos de 17 años de edad.

Por ahora, en medio del conflicto, se implementa bajo la coordinación de Ayuda Popular Noruega un plan piloto de desminado humanitario, en el que guerrilleros y uniformados descontaminan inicialmente zonas acordadas en Antioquia y Meta, acuerdo al que llegó conjuntamente la Mesa el 7 de marzo.

Narcotráfico y cultivos ilícitos

En mayo del año pasado las partes dejaron en claro cuáles serán los compromisos puntuales de la insurgencia, el Gobierno y la propia comunidad para combatir el flagelo del narcotráfico.

El desminado, la entrega de rutas, la nueva política anti-restitución y las estrategias para bajar el consumo de drogas, son algunos de los puntos del que en su momento fue el tercer gran acuerdo entre Gobierno y FARC.

En el convenio se estipula que se dará vía libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, para eliminar de manera definitiva y sostenible estos cultivos y la ilegalidad asociada a estos en todo el territorio.

Así mismo, se creará una política criminal que concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización criminal relacionada con el narcotráfico, en especial aquellas que en los territorios constituyen una amenaza para la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Una reciente polémica volvió a traer a la agenda el acuerdo, puesto que el presidente Juan Manuel Santos dio la orden de suspender el uso de glifosato en fumigaciones aéreas, atendiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y una sentencia de la Corte Constitucional.

Incluso, contrario a la postura del procurador Alejandro Ordóñez, Santos no le ha cerrado la puerta a la cultura de la legalidad para abordar eficazmente el problema. De acuerdo con el jefe de Estado, los países deben llegar a un censo para descriminalizar las drogas, pero aclaró que en ese aspecto Colombia no tomará medidas unilateralmente.

Política de tierras y desarrollo agrario

Luego de anunciar la primera tregua unilateral, el 26 de mayo de 2013, tras varios retrasos y casi seis meses después de iniciar discusiones, se logró el primer acuerdo, en el primer punto de la agenda de negociación, sobre la política de tierras y desarrollo agrario.

En un hecho histórico para el país, el primer tema en discusión en Cuba tuvo como aspectos fundamentales el acceso y uso de la tierra, la formalización de la propiedad, establecer una frontera agrícola y promover la protección de zonas de reserva, así como generar programas de desarrollo con enfoque territorial y mejorar la infraestructura y adecuación de tierras.

De igual forma se propuso potenciar el desarrollo social basado en la salud, educación, vivienda y la erradicación de la pobreza y brindar estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa mediante la asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.

Participación política de las Farc

Tras 16 rondas de discusiones, las delegaciones concretaron un segundo acuerdo, en el controversial tema de la participación política del grupo subversivo, aspecto que provocó la polarización del país ante la posibilidad de que exguerrilleros puedan llegar a ocupar cargos de elección popular.

El 6 de noviembre de 2013 se presentó a la opinión pública el documento donde quedaron firmados los derechos para el ejercicio de la oposición política en general y las garantías de protección a guerrilleros que se vinculen a la democracia.

Entre esos acuerdos alcanzados se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Esta forma de participación se creó para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto, para que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, ya que no tendrán curules en el Congreso de la República.

Así mismo se estableció un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política de los miembros de este grupo guerrillero.

Como otro punto se acordó la creación de una comisión para el estatuto de garantías. Aquí se plantea que se citará a un evento nacional a los voceros y representantes de movimientos políticos, para crear una comisión que establezca los parámetros del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. También se conformará una misión de expertos para que evalúe la organización y el régimen electoral en el país.

Aunque ya se firmó un acuerdo parcial, la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz y la posibilidad que se abriría para la participación en política de guerrilleros acusados por delitos de lesa humanidad, es un tema caliente que revivirá cuando en Cuba se discuta el punto de justicia transicional.

Lo que falta

Si bien la Comisión de la Verdad promete ser un alivio para quienes han sufrido el conflicto, ésta no materializa la firma de un cuarto acuerdo parcial que especifique cómo será la reparación y tratamiento integral a las víctimas.

Por tanto, se espera que en los próximos ciclos se profundice, de la mano de la canciller, María Ángela Holguín, en el acuerdo relacionado a las víctimas, pero particularmente en la justicia transicional y la terminación del conflicto.

Para esto, dos mesas técnicas (una con enfoque de género y otra con presencia de militares activos y jefes de la guerrilla), analizarán cuál será la mejor manera de buscar ese “máximo de justicia que permita la paz”, de cara al fin del conflicto.

Por ahora, la petición del presidente, negociadores, víctimas, sectores sociales y de la comunidad internacional es la misma: acelerar los diálogos de paz, especialmente tras la escalada de violencia que se vive en territorio nacional. 

*Bogotá | Colprensa