El lunes 16 de noviembre de 2020, el huracán Iota arrasó casi por completo con la isla de Providencia y causó los peores estragos en San Andrés y Santa Catalina. Una semana antes, el huracán Eta había también descargado toda su furia sobre el archipiélago, aunque los daños no fueron de la magnitud del Iota.

Como ocurre con otras tragedias, desde hacía varios meses los organismos de control habían alertado sobre la situación de vulnerabilidad y de riesgo de las islas. Las tormentas estuvieron acompañadas de fuertes lluvias que dejaron cerca de 50 muertos  y más de 70.000 familias damnificadas. Un mes después de esta catástrofe, las ayudas no llegan a Providencia, mientras aumenta la desesperación y la zozobra.

La pandemia que acabó con todo

 La lucha contra la pandemia ha sido constante y agotadora, tanto en Colombia como en el resto del planeta./Foto Colprensa

Como en otras partes del mundo, la noticia del año en Colombia en el 2020 fue la pandemia del coronavirus con todas sus letales y despiadadas consecuencias. 
También puso al país patas arriba y arruinó la economía y los sectores productivos. Casi nadie se salvó de sus estragos. 

La COVID-19 acabó hasta con las costumbres, tradiciones y comportamientos cotidianos. Fue la primera causa de muerte en un país tan violento como Colombia. 

Desde febrero hasta hace pocos días había matado a más de 40.000 colombianos y los contagios superan el millón 299.000 personas. 

La pandemia dejó al descubierto las falencias y miserias del sistema de salud. 

Y se ensañó en forma inmisericorde con los médicos y trabajadores de hospitales y clínicas. La noticia esperanzadora en medio de esta calamidad pública fue el anuncio del Gobierno de tener asegurada la compra de 40 millones de dosis de las vacunas que ya comenzaron a aplicarse en el mundo. 

Según los anuncios gubernamentales, el esquema de vacunación con todas sus características ya está definido. Inicialmente se aplicarán 177.200 vacunas cada día en los 2.900 puntos que se están habilitando al respecto en todo el territorio nacional.

Se fue el general Atehortúa 

Se había demorado más de la cuenta el relevo del general Óscar Atehortúa en la dirección de la Policía Nacional. Fue reemplazado por el general Jorge Luis Vargas en medio de contradictorias versiones sobre enfrentamientos y pugnas en la cúpula de la institución.

Los últimos tiempos  fueron de sucesivos escándalos en la Policía: los excesos del Esmad, las muertes violentas de personas en estado de indefensión en retenes y operaciones policiales, las denuncias de torturas y abusos en estaciones y cuarteles, tráfico de influencias, etc.

El mismo general Atehortúa fue objeto en días pasados de un juicio promovido por la Procuraduría por un presunto caso de corrupción. 

La corrupción desbordada

En el 2020 la corrupción tampoco se pudo “reducir a sus justas proporciones”, como lo proclamó en su momento el expresidente Julio César Turbay Ayala. Los recursos públicos siguieron siendo saqueados en todas las entidades públicas.

Apenas estalló la crisis desatada por el coronavirus, los miles de millones de pesos destinados para enfrentar la emergencia fueron primero capturados por funcionarios y contratistas para echarse buena parte en sus bolsillos. Las investigaciones de la Contraloría y de la Procuraduría involucraron a varios gobernadores y alcaldes, que utilizaron esos recursos para coimas y sobrecostos en alimentos y elementos de higiene. Por eso se pagaron tapabocas hasta 10 y 15 veces más de su valor real, panelas a 10.000 y 15.000 pesos, y atún enlatado y próximo a dañarse a precios de caviar. 

El PAE de Santander daba carne de burro a los niños. En el Bienestar Familiar descubrieron la entrega de 28.000 raciones alimentarias a niños que habían fallecido. 

Masacres sin fin

En el año que termina, las masacres y los asesinatos de líderes y lideresas sociales fueron también noticias recurrentes y desgarradoras. 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre todos los países del mundo, Colombia ocupa el primer lugar en homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el segundo en masacres, después de México. Hasta hace unos pocos días, en Colombia, según Naciones Unidas e Indepaz, hubo 90 masacres con cerca de 260 muertos. 

Pero otras organizaciones no gubernamentales llevan registros de cerca de 300 masacres con más de 340 víctimas y 30.000 desplazados. Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Valle, las regiones más afectadas. 

El ‘Bogotazo’ de septiembre

Desde el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado en Bogotá el líder popular Jorge Eliécer Gaitán, la capital colombiana no había vivido  una sangrienta jornada de violencia y terror como las de los días 9 y 10 de setiembre pasado. 

Estos hechos se desencadenaron a raíz del brutal asesinato por la policía del joven abogado Javier Ordóñez. 

La acción policial desató la furia de las gentes que se lanzaron contra las instalaciones policiales de Bogotá. 

Más de 50 CAI fueron incendiados y destrozados, así como estaciones y buses de Transmilenio. 

Trece personas fueron muertas en estos hechos, varias de ellas con disparos y ráfagas de la Policía de Bogotá.

El exterminio de líderes tampoco se detuvo

Y al cumplirse cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, que permitió la desmovilización y entrega de las armas de más de 13 mil guerrilleros, el país se estremece con las noticias de los asesinatos y atentados contra los excombatientes. 

Hace apenas unos días se reportó el asesinato de 246 excombatientes, varios incluso en su propia casa. Los organismos internacionales llamaron la atención al gobierno por estos hechos y alertaron para que no se repita el genocidio de la Unión Patriótica. 

El Gobierno siempre atribuye al narcotráfico las masacres y los homicidios de líderes sociales.