Durante la audiencia pública de ‘Seguimiento al Estado de Elementos Inconstitucional en Materia Penitenciaria y Carcelaria', que se realiza en la Corte Constitucional, la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Paula Robledo Silva, anunció que desde la entidad se han evidenciado “graves vulneraciones a los derechos humanos".  

Robledo Silva aseguró que el análisis del órgano defensor ha constatado que el avance de la infraestructura carcelaria requiere partir del estado actual del índice de hacinamiento, por lo que consideró que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista la sobrepoblación carcelaria”.

Según las cuentas de la Defensoría el sistema carcelario y penitenciario cuenta con una capacidad para 80.203 personas, sin embargo, a la fecha existe una población de 119.842 personas, lo que equivale a una sobrepoblación de 39.639 personas, es decir un hacinamiento general de un 49.42%.

“De los 113 establecimientos de reclusión que tiene a su cargo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 102 padecen hacinamiento grave, quiere decir que los niveles de hacinamientos son superiores al 20% de su capacidad real”, dijo la funcionaria.

Robledo Silva reconoció que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) ha realizado esfuerzos en habilitar nuevos cupos para las cárceles, sin embargo consideró que esa no puede ser la estrategia principal para disminuir la sobrepoblación carcelaria.