Entre los grandes interrogantes que surgen están: uno, ¿el Gobierno tendrá ya confirmación de este hecho? dos, ¿qué incidencia pudiera tener sobre las negociaciones de La Habana y las decisiones finales sobre la responsabilidad jurídica que recae sobre los jefes de las Farc por los delitos de lesa humanidad? y tres, ¿por qué los cabecillas de las Farc han acudido a un plan B y se blindan con el beneplácito de un gobierno afín a sus intereses?

Las fuentes consultadas por www.elEconomistaamerica.com han advertido que la concesión sistemática de nacionalidad nicaragüense a los máximos cabecillas de las Farc pudiera calificarse como una operación blindaje por parte de esa organización, pues bajo la filosofía de que ¿nada está acordado hasta que todo esté acordado?, en Colombia no hay claridad alguna sobre el futuro que les espera a jefes e integrantes de esa guerrilla en los planos judicial, de reclusión y político, entre otros.

En todo caso, se trataría de una jugada bastante audaz, que deja entrever con toda claridad que la dirigencia de las Farc ya tiene un plan B, frente a los futuros escenarios de la negociación con el Gobierno colombiano, explicaron las fuentes.

El pasaporte nicaragüense le estaría dando amparo, entre otros jefes guerrilleros, a: 

Rodrigo Londoño Echeverri, ‘Timochenko’, máximo jefe de las Farc; y a Luciano Marín Arango, ‘Iván Márquez’, jefe negociador de las Farc en los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. En su historial que reseña Wikipedia, se indica que es quien establece las políticas para la producción y distribución de droga que posteriormente es distribuida a cualquier parte del mundo, a cambio recibe armamento, municiones y dinero.

También estarían Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’ o ‘Usuriaga’; Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’, quien es el encargado de organizar las rutas para la distribución de la droga, así como de llevar a término un canje de secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles colombianas; y Félix Antonio Muñoz Lascarro, ‘Pastor Alape’ acusado por Estados Unidos de controlar la producción, fabricación, y la distribución de ‘centenares’ de toneladas de cocaína enviadas a ese país y de comerciar drogas en Colombia para conseguir fondos para las Farc .  En el 2007 fue incluido en la Lista Clinton por tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico.

Tomado de elEconomistaAmérica.com