Los guardias  del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) denunciaron la falta de insumos para protegerse de la epidemia del coronavirus en las cárceles del país, razón por la cual solicitaron los suministros del material adecuado y amenazaron con renunciar a sus cargos si no les cumplen con garantías mínimas de bioseguridad.

“Algunas cárceles del país no cuentan con servicio de agua potable las 24 horas y en muchas de ellas existen brotes de enfermedades como la tuberculosis que no han sido atendidos adecuadamente. La mayoría de las cárceles del país no cuenta con servicio médico en horas de la noche ni los fines de semana exigiendo a la Fiducia que administra los recursos que la población privada de la libertad sea mayor a 1.500 para que se asignen turnos médicos permanentes”, resaltó el comunicado publicado por guardias del Inpec.

Los funcionarios también denunciaron que después de los motines que se presentaron en marzo, en diferentes cárceles del país, la situación de seguridad no ha mejorado, puesto que la guardia se encuentra bajo amenaza de secuestro y agresión. Asimismo, afirmaron que existe un plan pistola en contra de ellos.

Por tal motivo, el segundo vicepresidente del senado, Alexander López Maya, le exigió al presidente Iván Duque, a la ministra del Interior, Alicia Arango, y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar la salud y la vida de los trabajadores administrativos, de custodia y vigilancia del Inpec.

Según López, estos problemas se han visto en cárceles de  Bogotá, Cali, Santa Marta, Popayán, Cartagena, Villavicencio, Cómbita, Purificación, Quibdoó, Montería, Pereira, Florencia, Girardot, La Plata, Santa Rosa de Viterbo, Jamundí, Sincelejo, Medellín, Manizales, La Ceja y Valledupar.

Guardia infectado

De otra parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, confirmó que un guardia de la Cárcel Distrital está contagiado por el coronavirus El hombre manifestó síntomas desde el primero de abril,  pero hasta el 7 de este mes se supo que estaba infectado.

Este es el segundo centro penitenciario del país en reportar contagio por la COVID-19, luego de que conociera la muerte de dos personas en la cárcel de Villavicencio. Uno de ellos había recobrado la libertad el primero de abril y falleció seis días después.

Acero anunció también que hay trece guardianes en aislamiento por posible contagio, a quienes  ya se les aplicaron las pruebas.

“A finales de marzo, un comandante de guardia de la cárcel Distrital presentó algunas molestias de salud por lo que se activó el protocolo y fue enviado a su casa, de acuerdo con el protocolo a aislamiento, y se le ordenó la prueba de la COVID-19”, reveló Acero. Se espera que los resultados sean entregados en los próximos días.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que no hay más casos diagnosticados como positivos para coronavirus en centros penitenciarios del país, adicionales a los conocidos en la cárcel de Villavicencio durante el fin de semana, en donde fueron identificadas dos personas privadas de la libertad.

Urgen emergencia carcelaria

Tras conocerse que en la cárcel de Villacencio hay reporte de tres personas contagiadas por la COVID-19, dos ellas fallecidas, la Defensoría del Pueblo insistió en que se debe acelerar la expedición del Decreto que faculta a instituciones estatales dictar medida de aseguramiento domiciliario a personas en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa, que se empezó a discutir desde el 23 de marzo, y que ha sido hasta ahora la más compleja de emitir, se suma a las constantes medidas que ha venido tomando el alto Gobierno para mitigar la propagación del virus, incluso, en la población carcelaria que es vulnerable por el hacinamiento que se conoce desde años memorables.

La Defensoría señaló que la sobreocupación de personas en establecimientos carcelarios trae consigo un mayor riesgo de contagio, por lo que se hace prioritaria la adopción de medidas rápidas y eficaces.

Además de esto, el órgano defensor instó al Ministerio de Justicia que se tengan en cuenta las personas que permanecen recluidos en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las estaciones de policía.

“La Defensoría apoya al Ministerio de Justicia para que expida con prontitud el decreto que permita detenciones domiciliarias con mayor favorabilidad en el código procesal vigente”, señaló.