De acuerdo a la nueva Política de Seguridad del presidente de la República, Iván Duque Márquez, de ahora en adelante los grupos armados organizados que pretendan deponer las armas, a través de un acuerdo con el Gobierno Nacional, deberán concentrarse en zonas delimitadas y cesar todo tipo de actividades criminales.

“Los llamados ceses bilaterales o cualquier otra figura que implique suspender la obligación constitucional de la Fuerza Pública no son compatibles con esta política”, agrega el documento. De acuerdo con el presidente de la República, Iván Duque, la seguridad no se puede confundir con guerra.

Dijo que la Fuerza Pública no se está disputando poder con nadie, sino haciendo respetar la Constitución de todos los colombianos y por esa razón estos grupos no pueden ser homologables a la institucionalidad.

Aseguró que dichos grupos armados ilegales buscan desvertebrar y lacerar la Constitución por el camino del terror. 

Duque sostuvo que no puede existir ninguna ideología ni causa que justifique lo que hizo el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander.

“Quiero que quede claro que este Gobierno no va a permitir que la violencia y el terror sean métodos para ganar ningún derecho ni ningún beneficio y que por el contrario, lo vamos a derrotar  de la mano con las instituciones”, añadió. 

El documento, que a partir de esta fecha se convierte en la hoja de ruta de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, según el mandatario, busca responder a los diferentes fenómenos de la criminalidad como el narcotráfico, la extracción ilícita de materiales, la extorsión y el contrabando. 

En el texto, se establecen cinco pilares para conducir al Sector Defensa. El primer pilar es el reconocimiento del agua, biodiversidad y medio ambiente como activos estratégicos de la nación. El segundo establece la seguridad cooperativa como la herramienta a través de la cual se busca potencializar la diplomacia para la defensa, al tiempo que se mantiene la capacidad disuasiva y se asegura la cooperación internacional en materia de seguridad. 

El tercer pilar propone la disrupción del delito, con énfasis en el desmantelamiento de las economías ilícitas y su cambio por lícitas. El cuarto hace énfasis en la intervención y recuperación de los territorios, en especial en aquellas zonas donde se concentran problemas de seguridad y con vacíos sustanciales o parciales de institucionalidad. Y el quinto contempla los avances en innovación, ciencia y tecnología.

Así mismo, se propone la creación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), espacios territoriales donde se concentran altos índices de criminalidad, necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema, población en condición de vulnerabilidad.