Diez años después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, todavía hay dudas acerca de si el fenómeno del paramilitarismo existe o no en el país.

Son llamados paramilitares quienes conforman una estructura similar a la de un Ejército, tienen una vocación contrainsurgente y operan en connivencia o acolitados por agentes de Estado.

Varios sectores han alzado su voz para defender que ese fenómeno social ya no existe, que ya no hay paramilitares, que lo que persiste son bandas criminales que no mantienen ninguna relación conceptual o política con lo que fueron las Auc.

Lo han sostenido el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y más recientemente el fiscal general (e) Jorge Fernando Perdomo.

“Muchas de las estructuras del crimen organizado están conformadas por exparamilitares. Esa relación existe, lo que pasa es que tenemos absoluta claridad de que en Colombia el fenómeno del paramilitarismo no existe; la motivación del surgimiento de las organizaciones es diferente”, sentenció Perdomo. Esa motivación sería, según el fiscal, económica.

Sin embargo, el más reciente acuerdo logrado en La Habana reconoce el paramilitarismo y la necesidad del Estado de esclarecerlo y desmantelarlo, como parte de las garantías de seguridad para los miembros de las Farc.

Herederos paramilitares

“El paramilitarismo continúa y sigue estando presente en la vida nacional”, dijo Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades.

Quijano advirtió que lo que ocurrió con la desmovilización de los paramilitares fue algo así como su finalización por decreto, pero quedaron sus herederos que serían los hoy conocidos como bandas criminales o grupos armados organizados.

“Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ahora llamadas “Clan del Golfo” son herederas del paramilitarismo, son sus hijas. A su vez, la Oficina del Valle de Aburrá se paramilitarizó desde la época de ‘don Berna’” anotó Quijano para el caso de Medellín.

En ese mismo sentido, Álvaro Villarraga, de la Dirección de Acuerdos de Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica, explicó que “a lo que asistimos fue a un desmonte no total, aunque importante, pero parcial, de las estructuras armadas del paramilitarismo”.

Según Villarraga, quien además fue autor del informe Desmovilización y reintegración paramilitar, tras ese desmonte algunas de esas estructuras permanecieron o se reprodujeron en unas nuevas: “ya no es un fenómeno centralizado, ya no existen los nexos tan fuertes con la fuerza pública y otras instancias estatales, pero siguen más en el orden local y regional, no solamente de la fuerza pública sino de otras autoridades”, anotó.

El papel de la fuerza pública

En el último informe presentado por el presidente Juan Manuel Santos sobre la efectividad de las operaciones contra el crimen organizado destacó que en lo que va corrido del año 1.940 hombres de los grupos armados organizados han sido neutralizados, lo que quiere decir capturados, muertos en combate o sometidos voluntariamente a la justicia.

Además, aseguró el mandatario, la Fuerza Pública en lo que va de 2016 ha retenido 255 maquinarias de minería ilegal, desmantelado 2.965 laboratorios e incautadas 158,8 toneladas de cocaína, en la lucha por atacar sus finanzas.

Sin embargo, Fernando Quijano indicó que no es suficiente y que todavía hay evidencias de connivencia entre agentes del Estado y estos neoparamilitares, a los que él llama estructuras paramafiosas.

“Esto va más allá de patrulleros, de soldados rasos y de funcionarios del CTI, nos hemos encontrado que hay cartel de oficiales, que hay altos cargos en otras partes de la institucionalidad como la Fiscalía que podrían estar sirviendo en lo que hemos denominado nómina paralela, por lo que cuentan con protección del Estado”, afirmó Quijano quien agregó que pocas veces los altos mandos de estas estructuras tienen órdenes de captura en Colombia, casi siempre sus problemas vienen de Estados Unidos cuando los vincula a la lista Clinton o cuando ofrece recompensa por ellos.

Contrainsurgencia

Álvaro Villarraga adujo que los grupos armados organizados mantienen los ataques a los defensores de derechos humanos, a los líderes políticos de izquierda y a reclamantes de tierra.

Según la ONG Somos Defensores, en el primer trimestre de este año 113 defensores habían sido agredidos y 19 de ellos asesinados.

Por el contrario Jeremy McDermott, director del Centro de Investigación del Crimen Organizado, estimó que en muchos lugares esas bandas trabajan conjuntamente con la guerrilla y comparten gran parte de los negocios ilícitos, como ocurre en Guaviare y Urabá.

Sin embargo, Quijano aclaró: “nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con miembros del secretariado de las Farc y nos hemos encontrado que eso ha sido desmentido permanentemente”.

Medellín | Colprensa