El informe de Human Rights Watchque alude al Eln, disidencias de las Farc y Autodefensas Gaitanistas.
Grupos armados imponen medidas brutales para contener la pandemia
La oenegé Human Rights Watch denunció este miércoles que en Colombia grupos armados han impuesto “brutales” medidas para asegurar el cumplimiento de medidas restrictivas para contener el avance de la pandemia de la COVID-19.
“Con el fin de hacer cumplir sus reglas, los grupos armados han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas”, denunció la organización en un informe que alude al Ejército de Liberación Nacional (Eln), a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, advirtió que “este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país”.
Colombia reporta 159.898 infecciones por coronavirus y 5.625 fallecidos, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Desde el lunes, 3,5 millones de personas volvieron al confinamiento estricto debido al avance de la epidemia, que todavía no ha alcanzado su pico en el país.
“Los grupos armados han impuesto brutales ‘castigos’, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplen sus normas”, denunció HRW, citando acciones del Eln, la disidencia de las Farc y de las AGC.
Según HRW, los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de la COVID-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia y en al menos cinco de ellos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas.
Los grupos como el Eln y las disidencias de las Farc, confinan a las comunidades para tomar el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal, dijo por su parte la Defensoría del Pueblo.
Y destacó que en departamentos como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca se concentraron la mayor cantidad de riesgos advertidos por la Defensoría del Pueblo.
En lo corrido del año son más de 16 las alertas emitidas y en ellas se le piden medidas urgentes al Gobierno, para proteger a la población civil.
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