Todo esto pasó en menos de 10 días en el Cauca: en Mercaderes, un municipio ubicado en el sur del departamento, fueron asesinadas cinco personas en un mismo día, dos ellas reconocidos líderes sociales; en Suárez, en el norte, el propietario de una chiva fue asesinado porque se negó a transportar a unos sujetos armados y, días después, los integrantes de una familia, que, al parecer hicieron caso omiso de una orden de alto fueron atacados: una persona adulta y una bebé de nueves meses de nacida murieron y una niña de cinco años, resultó herida.

Para Miguel Fernández, uno de los representantes del Comité de Integración del Macizo Colombiano, es claro que los grupos armados ilegales aprovechan la emergencia sanitaria para acorralar aún más a la población y mostrar poderío militar, suplantando incluso a las autoridades en amplios territorios del departamento.

“Mientras hay aislamiento obligatorio, en las zonas rurales los enemigos de la paz hacen y deshacen, aprovechando la difícil coyuntura que enfrentan las autoridades, eso ha pasado en esta cuarentena, son los violentos los que están ejerciendo poder, aprovechando además ese vacío histórico por parte del Estado en esos territorios y los pocos avances en la implementación de lo pactado en el proceso de paz”, dice Miguel Fernández.

Las cifras confirmarían lo dicho: desde el inicio de las restricciones a la movilidad, a causa de la pandemia del COVID-19, 20 líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares de los mismos han sido asesinadas en el Cauca, según un informe dado por Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías de esta zona del país.

Así es el escenario violento en la región, donde las organizaciones comunitarias ejercen labores de control para contener los contagios de Covid-19, pero a la vez, se defienden de los hombres de la guerra que quieren apoderarse de las actividades ilegales que les permiten sus propósitos delictivos: el narcotráfico y la minería ilegal.

“Estamos en los territorios para evitar el contagio entre las comunidades. Esto llevó a que se incrementaran las agresiones de los violentos que no quieren respetarnos y que desconocen nuestra autoridad, como lo sucedido con la guardia cimarrona en Buenos Aires, de una de sus integrantes fue agredida por una persona que no acató las indicaciones de los amigos afros”, manifiesta Joe Sauca, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, en materia de DD.HH.

Cuáles son los grupos armados que ejecutan acciones armadas en esta parte del país. La respuesta la entregan las mismas organizaciones sociales, como la fuerza pública y la misma Defensoría del Pueblo.

“La cuarentena coincidió con el inicio de la confrontación entre las disidencias de las Farc, autodenominada Carlos Patiño de las Farc e integrantes del frente José María Becerra del Eln por el control de un corredor, el cual va desde El Plateado, Argelia, pasa por El Tambo y termina en López de Micay, es decir, la costa pacífica, lo que la gente llama el Cañón del Micay”, indican comerciantes de dichas zonas, donde aún se presenta la confrontación entre la organizaciones armadas en mención.

De hecho, en esta zona, más de 20 integrantes del Eln se han entregado al Ejército en las últimas semanas, luego que varias unidades de esta institución llegaran a la zona, atendiendo el llamado de los campesinos tras los combates y el desplazamiento de varios de ellos.

Mientras tanto, en el norte del departamento, los protagonistas son las disidencias de las Farc, las cuales anunciaron el control de varias localidades rurales de municipios como Suárez, Buenos Aires, Caloto, Corinto, para evitar la propagación del Coronavirus, pero esto termina como una consolidación militar en dichas áreas, disparándose los homicidios en esas zonas y así como la vulneración de los Derechos Humanos.

“Buscan legitimarse entre las comunidades, imponiendo restricciones y estrictos reglamentos para prevenir el contagio. Pero no les va a servir porque al paso cometen masacres como la de Munchique, en Buenos Aires Cauca, o el asesinato de dos personas y la quema del vehículo acontecido en la vía entre Barbacoas y Tumaco”, alertó el Defensor del Pueblo, Carlos Negret.

Y es que la entidad humanitaria, entre el 1 de enero de 2019 y el 27 de abril de este 2020, ha emitido un total de 72 alertas tempranas: 56 de ellas el año pasado y 16 en lo que va del 2020, luego que confirmara que a la fecha ya son 14 líderes sociales asesinados en el Cauca, cifra muy inferior a la entregada por las organizaciones humanitarias de la región.

Pero Cauca no es el único departamento donde el accionar de los grupos ilegales se incrementó. Como lo alertó el defensor del Pueblo este mismo panorama se vive en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander, donde se concentra la mayor cantidad de riesgos advertidos por la entidad humanitaria.

Las anteriores aseveraciones concuerdan con las denuncias de las organizaciones sociales sobre que en estos momentos, en el departamento es constante, y con tendencia a una expansión mayor, de las siguientes facciones armadas: cinco estructuras del Eln, tres organizaciones paramilitares y cinco grupos disidentes de las Farc.

“Estas últimas surgidas y fortalecidas ante el incumplimiento progresivo de los acuerdos de paz y la incapacidad del Estado por actuar permanentemente en territorios abandonados tras la dejación de armas de la guerrilla de las Farc-EP”, reza el informe sobre el tema, socializado por representantes de agrupaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Por eso, la reacción del Estado fue incrementar el pie de fuerza: alrededor de 2.000 soldados y policías entraron, desde finales del 2019, a esas áreas conflictivas, incrementándose el temor entre las poblaciones por la amenazas de combates en sus localices. Corinto, durante la cuarentena, registra ocho enfrentamientos armados.

A causa de esa intervención militar, y según información dada por el Ejército, durante los primeros cuatro meses del año 2020 se destruyeron 58 laboratorios de pasta base de coca, siete laboratorios de clorhidrato de cocaína, catorce depósitos ilegales, como también la erradicación de 252,15 hectáreas de marihuana, 107. 645 matas destruidas en semilleros y la incautación de 11,806 kilos de marihuana y 215,15 kilos de cocaína.

Esos resultados operativos muestran la intensidad del conflicto en la región y que para los grupos armados ni siquiera la pandemia les impide seguir adelante con las economías ilícitas que les permiten su existencia.

Así como la Fuerza Pública anuncia resultados contra las organizaciones armadas, para las organizaciones sociales es preocupante que los homicidios, y las masacres, se presenten reiteradamente, de ahí que pongan entre dicho la tesis de que solo la militarización de la zona traería tranquilidad a la población.

“Aún con la amplia presencia militar y policial, y el constante gasto de recursos públicos destinados para su mantenimiento, los grupos armados ilegales presentes en el departamento se han expandido y fortalecido militar y económicamente. ¿Qué demuestra eso? Que esa no es la estrategia para que el departamento encuentre la paz, esta se alcanza con otra formas, entre ellas, cumplirles a las comunidades, la inversión económicas en los territorios y el cumplimiento de los acuerdos”, concluye Joe Sauce, representante del Cric en materia de DD.HH.

Las cifras

En este 2020, y en medio de la cuarentena, se han presentado cuatro masacres en los municipios de Piamonte, El tambo, Buenos aires y Mercaderes. En Argelia, se presentó la desaparición forzada de tres campesinos, líderes políticos de la región.

- El 4 de abril, municipio de Piamonte, vereda La Consolata son asesinados el líder social y defensor de derechos humanos Hamilton Gasca Ortega y dos de sus hijos, Kevin Gasca, 14 años, y Rober Gasca, 11 años. María José Arroyo, esposa del líder social asesinado, al huir, pudo salvar su vida y la de su hijo de 7 años. Ella es la presidenta de la junta de acción comunal de la vereda La Consolata.

-El 11 de abril, municipio de Argelia, se denuncia la desaparición forzada de 4 campesinos en zona rural de la vereda La leona, corregimiento de El plateado. No se conoce el paradero de estas personas.

-El 22 de abril, municipio de El Tambo, tres integrantes del consejo comunitario Afrorenacer del Micay son asesinados frente a la comunidad, hecho registrado en la vereda Agua Clarita.

- 26 de abril, municipio de Buenos Aires, corregimiento de Honduras, fueron asesinados tres hombres y heridas otras cuatro personas, tres hombres y una mujer, en un hecho en el que varios hombres armados dispararon y lanzaron granadas indiscriminadamente contra un grupo de habitantes que se encontraban en el parque principal.

- 29 de abril, municipio de Mercaderes, vereda de El Vado, fueron asesinados Álvaro Narváez Daza, presidente de la junta de acción comunal y quien también hacia parte del Palenque la Torre, su esposa María Delia Daza Rodríguez, su hijo Cristian Narváez Daza y su nieta Jenny Katerine López Narváez.