Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, que integran el Grupo de Lima, expresaron este viernes su condena a que el régimen de Nicolás Maduro esté apoyando a grupos armados ilegales de Colombia que se esconden en territorio venezolano.

En tal sentido se incluyó un punto en la Declaración de Brasilia, Brasil, luego de una reunión que sostuvieron este viernes los cancilleres de esas naciones para hacer seguimiento a las acciones que hace Nicolás Maduro para no permitir una transición democrática en su país.

“Condenan los vínculos explícitos del régimen Maduro con grupos armados al margen de la ley y con organizaciones terroristas, y el amparo que otorga a la presencia de miembros del Eln y otros grupos armados ilegales, los cuales han encontrado en el territorio venezolano un santuario para la realización de sus actividades terroristas y criminales, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”, señala la declaración del Grupo de Lima.

Frente al gobierno de transición de Juan Guaidó, se señala que “reiteran y refuerzan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y al pueblo venezolano que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre.

Otro aspecto más que señalan es que “apoyan, ante la ausencia de condiciones adecuadas para la realización de elecciones libres, el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de septiembre, el cual ratifica la ruta política propuesta como salida para la crisis, y establece la permanencia del presidente Guaidó en la presidencia encargada del país, más allá del 5 de enero de 2020 y hasta el fin de la usurpación y la realización de elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y con observación internacional”.

Plantean además que que la autodenominada ‘Mesa Nacional’ del régimen ilegítimo no ofrece las garantías para el proceso creíble de diálogo y negociación que se requiere con la participación de la Asamblea Nacional con miras a resolver la crisis a través de la realización de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en Venezuela.