Tras las declaraciones de que la protesta preparada por centrales obreras, estudiantiles, indígenas y campesinas entre otros gremios, estaban infiltradas o que solo buscaban incendiar y perjudicar al país, el Jefe de Estado llama a que las movilizaciones sean pacíficas.

Cada día se suman nuevas voces al paro nacional del jueves, desde políticos hasta personalidades de la farándula. Al punto que el presidente Duque pasó en su discurso de decir que pretendían “incendiar el país con falacias” (declaración en Barichara el 9 de noviembre), a lo expresado ayer, que “la protesta pacífica es un derecho en cualquier sociedad, es un mecanismo de expresión”, aunque añadió que “son muchos los que a veces quieren pescar en río revuelto y aprovecharse de la protesta para salir a ejercer vandalismo y violencia”.

El expresidente Álvaro Uribe como jefe del Centro Democrático, a comienzos del presente mes, había denunciado que el paro hacía parte “de la estrategia del Foro de Sao Paulo que intenta desestabilizar la democracia de América Latina”. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, por su parte, subió un video en su Twitter el domingo en el que dice que “muchos están llamando a violencia, a salir a destruir nuestro país, ellos no quieren a Colombia, están engañando a los colombianos”.

Para Jaime Alberto Carrión, docente de Derecho de la Universidad de San Buenaventura, fue normal que el Gobierno al inicio respondiera a las críticas que motivan el paro con argumentos de gestión. Ahora, “el Gobierno debería mantener distancia y atender lo pertinente en el estricto sentido de su competencia. Afuera deben quedar los intentos de descalificar la movilización o torpedearla. Más bien, expresar un espíritu garantista como lo exige la sociedad plural y democrática”, indicó.

De obstáculo a oportunidad

El paro nacional llega en un momento coyuntural para el gobierno Duque. La salida de Guillermo Botero como ministro de Defensa, luego de varios escándalos en las Fuerzas Armadas y de que se comprobara que ocho niños murieron en un bombardeo del Ejército en Caquetá, desencadenaron su renuncia.

La dimisión fue por presión del Senado de la República.

Este punto, sumado a una relación por fortalecer entre ejecutivo y legislativo, son hechos que le impiden a Duque una mejor gobernabilidad. Sin embargo, situaciones adversas también representan oportunidades.

Según Carrión, el Gobierno puede aprovechar para construir espacios de diálogo y respeto con los sectores sociales y políticos con los que hoy conversa poco. “Esto es posible si se cumplen dos condiciones: establecer nuevas vocerías que no provengan del interior del Gobierno y que cuenten con un terreno ganado en confianza con los sectores que hoy protestan. Segundo, que el Gobierno deje de ser una caja de resonancia del Centro Democrático y construya un perfil autónomo. Duque necesita lograr un consenso nacional amplio”, concluyó el analista.

Autoridades preparadas

El jueves de esta semana, Migración Colombia informó la expulsión del país de dos venezolanos. Según Christian Krüger, director general de esta entidad, “tenemos información de diferentes fuentes que nos han permitido identificar a once ciudadanos extranjeros que pretenderían afectar la seguridad ciudadana y el orden social durante las marchas del próximo 21 de noviembre”.

El Gobierno, por su parte, ha reforzado los mensajes aclaratorios de que no quiere aumentar la edad de la pensión, y que tampoco adelanta una reforma laboral. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunió con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), les pidió que acepten la propuesta del Defensor del Pueblo de establecer la “carpa blanca” y que respetarán su derecho a la protesta, pero de manera pacífica.