En la primera semana de mayo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, le pedirá formalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que le retire la patente al laboratorio Novartis sobre el medicamento Glivec Imatinib que se utiliza para tratar diversos tipos de cáncer y leucemias.

De esta manera, se reabre una vieja polémica entre la cartera de salud y la multinacional suiza por los derechos de propiedad intelectual sobre esa molécula que es usada cada año por más de dos mil pacientes con diferentes tipos de cáncer.

Hace cuatro años, mediante resolución, la SIC le había negado la patente a Novartis, pero esa empresa acudió al Consejo de Estado, corporación que finalmente se la concedió en 2012.

Ante ello, el ministro Gaviria entró en conversaciones con la multinacional para que le vendiera al sistema colombiano de salud el Glivec Imatinib a 140 dólares el miligramo, para suministrar a los pacientes que lo requieran. La multinacional no aceptó y hoy el miligramo de ese medicamento se comercializa a 300 dólares, casi 900 mil pesos.

Ante ello el ministro dijo este martes: “nosotros estábamos proponiendo a 140 dólares por miligramo… el laboratorio Novartis envió una comunicación al Ministerio de Salud y Protección Social diciendo que no quiere entrar en esta negociación y que no acepta el precio propuesto por el Ministerio”.

Por eso, Gaviria anunció nuevamente que pedirá a la SIC que despoje a Novartis de la licencia que impide que los laboratorios colombianos fabriquen el genérico para bajar precios al usuario.

Gaviria explicó que para lograrlo, la SIC mediante acto administrativo puede despojar a Novartis de la patente que le concede la comercialización exclusiva de ese producto, para abrir la competencia interna.

No obstante, la multinacional argumentó recientemente ante el Ministerio de Salud y la SIC que “no existe” un monopolio de venta de esa molécula, y que “las pruebas del proceso han demostrado que Novartis no tiene, ni puede tener un monopolio en el mercado con base en su patente”.

Ahora la Superintendencia, una vez se formalice la solicitud del Ministerio tendrá la última palabra.

Bogotá | Colprensa