El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentará la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en la que se establece que el Gobierno buscará la incorporación de 34.000 policías en los próximos cuatro años, con el fin de aumentar el pie de fuerza. 

Para lograr este incremento, la Policía no renovará los convenios con los entes territoriales para prestar el servicio de policía de tránsito y estos uniformados serán asignados a la vigilancia de las calles para que garanticen la seguridad. Los municipios serán los responsables del tránsito local. 

El documento también establece la revisión del personal administrativo uniformado que se encuentra en las oficinas, con el objetivo de asignarlo a la vigilancia. Igualmente, se disminuirá el número de policías asignados al servicio de protección que brinda la Policía, con el fin de que estos sean asignados a los cuadrantes. 

En relación a la protesta, el documento establece que los gobernadores y alcaldes con las autoridades de Policía en los departamentos, distritos y municipios, deben garantizar el derecho a la protesta y facilitar las expresiones ciudadanas pacíficas. 

“Deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar la respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el marco jurídico de los derechos humanos, y como última alternativa”, señala el texto.

Según la política, los disturbios, actos de violencia y vandalismo no constituyen derecho a la protesta, sino, conductas que afectan el ejercicio de ese derecho, al igual que los derechos de los demás ciudadanos y por esa razón le corresponde a la Policía, en el caso de estos eventos, actuar. 

En este documento, el Gobierno hace énfasis en que el porte de armas no es un derecho y ratifica que el monopolio de estas lo debe tener el Estado. Dice que se fortalecerá la persecución penal en contra de los delitos relacionados con el porte y tenencia ilegal de armas.

El Gobierno asegura que para proteger los grupos sociales vulnerables se fortalecerá el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se impulsará una política de no discriminación con comunidad LGBTI, se buscará la implementación de cuidado para los ciudadanos en situación de discapacidad y la aplicación de la ley para el habitante de calle.