El Gobierno anunció una serie de medidas tendientes a garantizar la seguridad de líderes sociales amenazados, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales en todo el país.

Al término de una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el presidente Juan Manuel Santos anunció varias disposiciones, entre ellas la integración de un cuerpo élite de la Policía dependiente de la Dijin para investigar “con exclusividad”  las amenazas de sucesores del paramilitarismo y crimen organizado que pongan en peligro la paz de los territorios. 

Este cuerpo élite estará funcionando en pocas semanas. “No vamos a permitir que se pongan en riesgo los avances y beneficios de la paz. Vamos a combatir con decisión y efectividad a todos los que buscan amenazar seguridad de los líderes sociales”, dijo.

El jefe de Estado encargó al vicepresidente Óscar Naranjo de liderar la lucha contra organizaciones violentas, para lo cual contará con el apoyo de todas las entidades oficiales.

Santos hizo un recuento de los avances en las investigaciones penales por los asesinatos de líderes sociales. En ese sentido, dijo que en 2016 se reportaron 63 homicidios, 14 en lo que va de 2017 y hay 11 casos más en proceso de verificación.

Entre los 14 de este año hay uno que registra capturados con medidas de aseguramiento, once que avanzan en indagación y cuatro. 

“Este año hemos realizado 114 operaciones, hay 33 cabecillas capturados, 13 toneladas de droga incautadas, 350 delincuentes de estas organizaciones capturados incluidos ‘Pablito’, sexto cabecilla del clan del golfo, y ‘el Zorro’ en Tumaco”, explicó.

Agregó que para fortalecer el compromiso con la defensa de los líderes sociales amenazados también se adoptarán oras medidas legislativas. La primera es un proyecto de ley “que le dé dientes a la Fiscalía para perseguir y sancionar a quienes pongan en riesgo la seguridad de líderes sociales y representantes de las víctimas. Crea nuevos tipos penales como asesoramiento a esas organizaciones criminales, se fortalece la cooperación interinstitucional e internacional, se combate el enriquecimiento ilícito y la minería ilegal y aumenta las penas asociadas a estos delitos, y crea jueces de garantías contra el crimen organizado”.

Mediante decreto,  se crea el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el ejercicio de la política, también una alta instancia para coordinar con los movimientos políticos y sociales, que viabiliza el nombramiento de delegado presidencial y crea sistema alertas tempranas y medidas de prevención, entre otros alcances.

Así mismo, se pondrán en marcha dos proyectos piloto de seguridad para el Pacífico colombiano, región en la que se ha presentado el mayor número de casos de asesinatos de líderes sociales.