Jorge Romero, el general en retiro acusado de presuntas anomalías en la contratación cometidas cuando era comandante de la IV Brigada del Ejército, fue cobijado con medida de aseguramiento por parte del magistrado Joaquín Urbano, del Tribunal Superior de Bogotá, que acogió la petición de la Fiscalía que le imputó a Romero cuatro delitos contra la administración pública. 

A consideración del despacho judicial, la fiscal del caso aportó al expediente un material probatorio con todas las evidencias que expuso durante la etapa de imputación de cargos. 

“De esta abundante prueba documental, este tribunal destaca que hubo una alta concentración de contratos centrada en dos o tres contratistas. Llama la atención la amplísima variedad de productos que tiene esa sociedad, es decir que no tiene una línea especial de productos, sino que tiene una oferta amplia”, indicó Urbano, quien no permitió el registro en vídeo ni fotográfico en la audiencia restringiendo la labor de los periodistas. 

Romero es procesado por los delitos de concierto para delinquir, interés ilícito en la celebración de contratos, cohecho propio y peculado por apropiación. El ente acusador, representado por Claudia Patricia Vanegas, manifestó que los supuestos hechos de corrupción se dieron con la firma de 26 contratos firmados entre el 2016 y el 2017 cuando el ex oficial comandó la mencionada unidad militar. 

En su argumentación, la fiscal del caso reveló una serie de testimonios que vincularían a Romero con las presuntas anomalías que alcanza un monto de 3.296 millones de pesos.

En la audiencia que se inició el pasado jueves, horas después de su captura en el norte de Bogotá, se señaló que Romero (que estaba al frente del Comando de Acción Integral hasta hace un mes) habría beneficiado a tres contratistas identificados como Samir Fernando García, Alexánder Carrera y Jaime Alberto García. 

El ente acusador indicó que al primero le adjudicaron 20 contratos de cafetería por 675 millones de pesos; al segundo le otorgaron dos contratos por 520 millones de pesos para suministro de sacos y colchones, y que al tercero le dieron cuatro contratos que suman 2.101 millones pesos para el mantenimiento de vehículos.

De igual forma, traen a colación la declaración de varios oficiales, entre ellos el mayor Edwin Vargas Mateus y el coronel Norberto Dueñas cuyos testimonios fueron calificados por el magistrado Urbano como “de vital importancia” ya que contaron cómo era la forma de la contratación que había dentro de la unidad militar. 

De allí que la representante del fiscal señaló ante el estrado que "mientras Romero Pinzón fue comandante existió una organización de carácter criminal que su objeto era manipular la contratación para tener beneficios económicos. Entre los concertados había militares y civiles y el modo de operar consistía en acoplar el pliego de condiciones al perfil de los contratistas a cambio de los beneficios económicos".

Entre las evidencias que presentó la Fiscalía hay una serie de interceptaciones telefónicas, obtenidas legalmente, que darían cuenta de la forma en la que se entretejieron las anomalías alrededor de la contratación en la Cuarta Brigada. 

La mayoría de esas conversaciones tiene como interlocutor a Samir Fernando García quien en diálogos con varios militares en las que se pone de presente el presunto entramado de corrupción. “Esto es fruto de un trabajo investigativo serio”, enfatizó el magistrado Urbano.

“En la misma línea de la Fiscalía hace un esfuerzo por la investigación hay una acción paralela para destruir documentos y alterar pruebas. Este es el alcance que se deriva de las llamadas interceptadas”, detalló Urbano al señalar que hubo aparentes maniobras del general Romero para que estos hechos no fueran conocidos.

De hecho, en las pruebas que presentó la Fiscalía hay dos oficios firmados por Romero en los que ordena archivar las quejas anónimas que llegaron a su despacho sobre las supuestas irregularidades que se habían detectado en la contratación de la brigada. 

“Es evidente que acá hubo sustracción de documentos, seguimiento a investigadores y fiscales y manipulación de testigos. Para el tribunal es claro que para haya este cúmulo de acciones son para evitar la administración de justicia”, narró el magistrado. 

En su decisión, el magistrado Urbano señaló que oficiará al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, que disponga lo necesario para que proteja a los testigos militares testigos en este caso.

El general retirado será trasladado en las próximas horas a la Escuela de Caballería del Ejército, al norte de Bogotá.