En la noche de este jueves se realizó la imputación de cargos al general (r) de la Policía Humberto Guatibonza, el periodista Carlos Eduardo Arenas Valero y Julián Villarraga, luego de ser señalados por la Fiscalía General de la Nación de pertenecer a una red dedicada a realizar interceptaciones ilegales a particulares, abogados, empresas, entre otros “clientes”. 

La Fiscalía les endilgó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, utilización ilícita de redes de comunicación, uso de software malicioso agravado, violación de datos personales e interceptación de datos agravado, los cuales no fueron aceptados por los procesados.

De acuerdo con el fiscal del caso, en medio de las investigaciones se evidenció que unas empresas de consultoría y asesorías en seguridad estarían ofertando, tanto a nivel nacional como en el vecino país de Ecuador, la interceptación ilegal de comunicaciones privadas y transmisión de frecuencias de radio. 

El delegado de la Fiscalía aseguró que esta organización podía recuperar mensajes de Whatsapp, tener la ubicación de equipos telefónicos en tiempo real, además que ofrecían protección de blindaje para que no fueran interceptados. Así mismo, relató que ofrecían la obtención de los contactos de los celulares que iban a interceptar, descargar audios de comunicaciones, correos electrónicos y páginas web. 

Dicha organización, que fue denunciada por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, durante agosto, “funcionaba por medio de empresas que estaban registradas con los nombres de JHS Consultores, Quarckom S.A.S, Global Security, VIP Security, A&G Seguridad, HGC Consultoría S.A.S, que, al parecer, estarían siendo direccionadas por oficiales con cursos de inteligencia del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y de personas particulares”, dijo el fiscal del caso. 

En medio de la diligencia judicial, el fiscal anunció que por esto hechos fueron capturados en agosto tres exmiembros del Ejército Nacional -Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz, Luis Mesías Quiroga Cubillos- y una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones -María Alicia Pinzón Montenegro. Una vez fueron judicializados en la ciudad de Cali, los hoy imputados buscaron acercamientos con la Fiscalía a cambio de sostener beneficios en sus procesos. 

“En esas diligencias de interrogatorio se logra obtener información que da a la identificación de otros miembros de la organización, encargados unos de la consecución de potenciales clientes y usuarios de información”, dijo el delegado de la Fiscalía, al asegurar que estas personas que fueron capturadas en primera instancia entregaron detalles de la forma como operaba la organización. 

Con relación al general Humberto Guatibonza, el fiscal aseguró que fueron las interceptaciones legales que hizo la Fiscalía a los indiciados, lo que los llevó a corroborar que existía un nexo del exoficial con tal organización. 

“La primera referencia que se hace con relación al señor general fue a través del control de una línea celular que es utilizada por María Alicia Pinzón, que en comunicaciones con Jorge Humberto Salinas, hacen mención a un persona que se refieren como ‘Guatibonza’. En la comunicación se escucha – que ¿cómo le fue en la reunión? Diciéndole que se quedan solo con ‘Pepsico’ sin sacar los números, que ya eso quedó cerrado con Guatibonza y que eso ya es problema de ellos dos”. 

Del mismo modo, el fiscal del caso aseguró que hay otra interceptación en donde Jorge Salinas llama a María Alicia Pinzón y le informa que está trabajando “lento y que tiene un trabajo con Guatibonza, que necesita extractos de una cuenta bancaria, que si tiene capacidad de realizar el trabajo, ya que lo que ese está solicitando son informes del año pasado”. 

Las comunicaciones obtenidas por la Fiscalía determinaron para la entidad que “Humberto de Jesús Guatibonza es integrante de esta organización, siendo socio de Jorge Salinas a través de las empresas anteriormente mencionadas, las cuales fueron utilizadas como fachada para la actividad ilícita”. 

Según el delegado de la Fiscalía, esta alianza que hay entre los exmiembros de la Fuerza Pública se da con el fin de recibir remuneraciones económicas a través de cada uno de los trabajos que se solicitaban. 

Frente al periodista Carlos Arenas, quien se desempeñó en la oficina de comunicaciones de la Policía Nacional, el fiscal del caso reveló que en las interceptaciones del ente acusador salió a relucir el nombre del comunicador, quien según la Fiscalía funge como subgerente de la empresa HGC Consultores SAS. 

“En una primera comunicación Carlos Arenas tomó contacto con Jorge Salinas, con el fin de hacerle un requerimiento para la entidad financiera Davivienda, y la solicitud consistía en que se adelantaran labores técnicas para adelantar el bloqueo de un hacker y bloquear algunas cuentas”, señaló la Fiscalía durante la imputación de cargos. 

En ese sentido, para el fiscal es claro que el rol que cumplía Arenas en dicha organización consistía en obtener clientes potenciales para obtener información de manera ilegal, con el propósito de recibir una remuneración económica.

De acuerdo con la Fiscalía, en el interrogatorio rendido por Salina Muñoz se menciona a Arenas Valero como quien trajo hasta la organización “un cliente de Mesitas del Colegio, el caso de Pepsico y Providencia así como el de una herencia”. Al comunicador se le señala de reunirse con Mauricio Molina, quien sería otro de los miembros de la estructura y con quien tenían alianzas.  

Frente a Julián Villarraga, la Fiscalía señaló que “la primera referencia que se tiene en relación a este señor es una consulta que se realiza a un perfil en un cuenta de red social, donde asegura que trabaja en una empresa de investigaciones, tal cual como lo hace mención Jorge Salinas en medio de su interrogatorio”. 

El delegado de la Fiscalía manifestó que una vez se evidenció el perfil por medio de análisis cibernéticos y teniendo en cuenta los interrogatorios, se determinó que “su función dentro de la organización era la de obtener sábanas de llamadas telefónicas de los números que eran suministrados por el general Humberto Guatibonza y Carlos Eduardo Arenas”. 

Según las investigaciones de la Fiscalía, en el computador incautado a Salinas Muñoz hallaron una serie de valores que cobraban por este tipo de interceptaciones, que según el delegado del ente acusador oscilaban entre los 400.000 hasta 4.000.000 millones de pesos. 

El fiscal aseguró que de las 175 carpetas que fueron reveladas en el marco del interrogatorio a Salinas Muñoz, habían casos denominados como “Cobre, Servientrega, Gaula, Carreño, caso Bucaramanga, caso Cafetero, Girasol, Guatibonza, Prosegur, Gordos o Barbas, Palmira o Enfermera, Sijin, Supergiros, Bayer, Davivienda, Panamá y España entre otros. 

Pasadas las 9:30 de la noche de este jueves la audiencia se levantó y seguirá este viernes, después de las 9:00 de la mañana, para adelantar la medida de aseguramiento a los implicados.