Con una votación unánime, la Corte Constitucional determinó que la Fiscalía General será la que asuma la tenencia de los bienes de las Farc que no fueron inventariados en el marco de la firma final del acuerdo de paz. 

De acuerdo con el magistrado Luis Guillermo Guerrero, ponente del tema, “la JEP tiene competencias definidas con las investigaciones y que no tiene competencia en materia de reparación material para las víctimas”. 

Los bienes de las Farc, cabe recordar, pretendían destinarse a la reparación material de las víctimas de esa guerrilla. Ese grupo tenía que entregar la relación a más tardar el 15 de agosto del año pasado y los activos que se declararan después de esa fecha quedaban bajo lo que se ordena en la ley y esto es extinción de dominio por lo que es la Fiscalía la que por ley debe encargarse de ese proceso. 

La puja de los bienes de las Farc empezó en julio pasado cuando la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) les solicitó a varias entidades gubernamentales el listado de las propiedades. En octubre la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia, Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió la entrega de información debido a que no se había recaudado la información necesaria y pertinente que permitiera identificar el inventario de las Farc destinado a la reparación de las víctimas. 

En ese entonces, el tribunal de justicia transicional les solicitó a la Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras entidades, rendir informes sobre los bienes del grupo hoy desmovilizado. 

Pese al pedido de material, la primera negativa se registró por parte del ente acusador, a su juicio porque bienes que se encuentran en su poder deben ser parte de un proceso de extinción de dominio. "La Fiscalía debe poner de presente la imposibilidad de darles cumplimiento, toda vez que la información relacionada con procesos de extinción de dominio tiene carácter reservado", dijo el ente acusador en su momento. 

Otra negativa fue recibida por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro debido a que "dicha información hace parte integral de los archivos de la Fiscalía General de la Nación". 

En razón al Ministerio del Interior, el tribunal aseguró que este no dio respuesta alguna a la solicitud. Por lo que se determinó suspender la entrega de información.