Luego de que se conociera que la Fiscalía retiró el principio de oportunidad otorgado al abogado Álvaro Enrique Burgos del Toro, testigo clave en la investigación por un caso de corrupción ocurrido en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en Córdoba, el ente investigador aclaró que la solicitud de investigación al senador Armando Benedetti sigue en firme.

Burgos, quien señaló de incurrir en el desfalco al senador del partido de La U, indicó en una carta de tres páginas su intención de no asistir ante la Corte Suprema de Justicia para reiterar las acusaciones hechas al parlamentario, dado que según él, la Fiscalía lo habría “engañado” para llegar al acuerdo.

Así las cosas, la Fiscalía sostiene que si bien Burgos es uno de los principales testigos del desfalco, su decisión de no firmar el principio de oportunidad no frena la determinación de compulsar copias ante la Corte Suprema para que se investigue al senador, por su presunta participación en el proceso que involucra a más de 40 personas en un desfalco cercano a los 200.000 millones de pesos.

"El fiscal del caso compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia con base en el acervo probatorio existente, que no se contrae al testimonio del señor Burgos", señaló la Fiscalía en un comunicado, en el que también indican que no revelarán las evidencias y documentos que sustentan el recurso judicial.

Tras rechazar el principio de oportunidad, el abogado Burgos le pidió a la Corte Suprema de Justicia no tener en cuenta las declaraciones que él rindió anteriormente ante el ente investigador, y que fueron compulsadas ante ese tribunal.

“Todas esas declaraciones se encuentran viciadas por el engaño del que he sido víctima y deben ser excluidas de cualquier proceso que se adelante por estos hechos”, señaló el abogado implicado en los hechos de corrupción.

¿Qué investiga la fiscalía en este caso?

En octubre de 2015 la Fiscalía capturó a un grupo de abogados y funcionarios judiciales, quienes presuntamente a través de procesos ejecutivos laborales lograban el cobro de dinero, que se hallaba en una entidad bancaria.

La investigación, adelantada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, señaló que entre 2010 y 2012 se tramitaron irregularmente en el Juzgado Civil del Circuito de Lorica (Córdoba) varios procesos con poderes falsos, así como también resoluciones supuestamente expedidas por la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba reconociendo ajustes pensionales a docentes, también falsos, y resoluciones de la Secretaría de Educación Municipal sin cumplimiento de los requisitos de la Ley 962 de 2005.

Según la Fiscalía, los casos llegaban al Juzgado Civil de Lorica, y una serie de abogados y otros funcionarios, con documentos falsos, emprendían el reconocimiento y pago de pensiones ante ese despacho, que hizo pagar una suma aproximada a los 80 mil millones de pesos al Estado. Según la Fiscalía el desfalco asciende a los 200 mil millones de pesos.