Los uniformados de la Policía Yefferson Fabián Tocarruncho y Wadith Miguel Velásquez García, capturados en la noche del pasado jueves, se declararon inocentes por la presunta interceptación ilegal a cinco miembros de la institución, por irregularidades cometidas en un operativo adelantado en Cali, en 2018.

La diligencia, adelantada de manera virtual este sábado completó seis horas, en las que el fiscal Daniel Hernández expuso hechos, presuntamente, cometidos por los uniformados en el marco de la investigación que se adelantaba en contra del ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández’.

Lo que expuso el fiscal del caso es que prácticamente, la investigación contra el ganadero les sirvió a los uniformados para que una fiscal, bajo engaños, autorizara las interceptaciones ilegales a cinco uniformados quienes adelantaron un allanamiento en Cali, y del cual resultó extraviado un dinero.

En el marco de la diligencia de medida de aseguramiento, el fiscal Hernández trajo a colación el testimonio del analista Franck Beltrán León, quien fue el que se encargó directamente de adelantar las interceptaciones en contra de los cinco uniformados.

Sin embargo, la solicitud expresa mencionaba que debía interceptar a presuntos delincuentes, desde sicarios hasta personas vinculadas con el narcotráfico, pero lo que encontró en las conversaciones privadas lo llevaron a cuestionar su labor.

En las interceptaciones, el analista rastreó información personal de cinco miembros de la Policía, por lo que determinó no avanzar con la labor y dar aviso a Tocarruncho y Velásquez sobre lo que había encontrado.

Beltrán León en declaración jurada en la Fiscalía señaló que decidió pedir la cancelación de las interceptaciones. A juicio del testigo del ente acusador, fueron necesarios cuatro solicitudes y un llamado verbal a su superior para que, definitivamente, Tocarruncho y Velásquez reversaran la escucha de las conversaciones de sus compañeros.

Por estos hechos, el fiscal Hernández consideró pertinente solicitar al juzgado 62 con función de control de garantías que se dicte medida de aseguramiento, por posible obstrucción a la justicia y riesgo para las víctimas por parte de los uniformados, quienes a juicio de Hernández, deshonraron a la institución con su actuar. "Por estas actuaciones, el mayor y el intendente están fomentando que los colombianos no tengan confianza en la institución".

Al cierre de este artículo la diligencia estaba en receso dado que la defensa de los uniformados estaba analizando las pruebas reveladas por la Fiscalía.