La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía incautó 23 bienes que harían parte del capital de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco y su esposo Francisco Javier Valencia Salazar; y de las tres firmas constructoras que habrían obtenido irregularmente contratos de obras viales. 

Indicó el reporte del ente acusador que los bienes estarían avaluados en 156.000 millones de pesos y fueron producto de un “festín” de dádivas, con el que la administración de Armenia en el periodo 2012 – 2015, habría entregado los contratos de obra de desarrollo vial de la ciudad a cambio de 12.000 millones de pesos y que, presuntamente, terminaron en los bolsillos de funcionarios e intermediarios 

De acuerdo con Andrea Malagón, directora especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía, “estos son bienes urbanos y rurales entre esos, en el que vivía la alcaldesa, una sociedad que constituyeron tres días antes de la captura tanto ella como su esposo para transferir el derecho dominio de unos bienes que aparentemente habían sido adquiridos producto de las dádivas para la adjudicación de esos contratos. Y tres sociedades entre esas una que hizo parte de un consorcio que fue beneficiado con la adjudicación irregular de la malla vial de Armenia”. 

Aseguró la delegada de la Fiscalía que los registros se realizaron en Bogotá, Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda); Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia); y Armenia, Pijao y Quimbaya (Quindío). 

Por estos hechos, la Fiscalía entre marzo y abril capturó y judicializó a 13 personas, entre funcionarios y contratistas quienes están vinculado en las investigaciones que adelantó el ente acusador por las irregularidades registradas en el mandato de Valencia Franco. 

“La Fiscalía constató que la entonces alcaldesa, Luz Piedad Valencia Franco, obtuvo del concejo municipal aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras”, dijo el ente acusador. 

Igualmente, reveló la Fiscalía que la exmandataria habría expidido un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.