En una misiva de dos páginas el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo un análisis detallado de lo que es el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata en el país, luego de que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, expresara su preocupación por la situación.

El jefe del ente acusador, en la misiva dirigida al general William Ernesto Ruíz, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), expresó que hay 926 personas se encuentran privadas de la libertad en las salas de paso que tiene la Fiscalía General, dejando como precedente que estos tienen la capacidad de albergar tan solo 686 personas.

En el documento, el fiscal aseguró que hasta la fecha permanecen en las salas de paso personas capturadas desde febrero de 2017. 

“Un caso extremo se evidenció en la Seccional de Cesar, en donde una persona que estuvo recluida en la sala de paso desde el mes de julio de 2015, quedó en libertad en septiembre de 2018 por vencimiento de términos y nunca fue trasladada a un centro carcelario”, según se consigna en el documento.

Otro caso que dejó en evidencia ocurrió en la Seccional de Norte de Santander, donde aseguró que una persona permanece recluida desde el  13 de diciembre de 2017 y que fue condenada el pasado 16 de noviembre, pero no ha podido ser enviada a la cárcel Modelo de Bogotá, destino  que ordenó el juez.

El fiscal aseguró que otros casos preocupantes se dan en la Seccional Medellín, en donde la sala de paso tiene capacidad para albergar 35 personas y en el momento cuenta con 86 personas privadas de la libertad, por su parte la Seccional de Bogotá tiene capacidad para alojar 200 personas y se encuentran recluidas en ella 400.

Una situación similar padece la Seccional del Atlántico, donde a juicio de Martínez Neira hay capacidad para 50 personas y actualmente tiene recluidas 80.

Para el fiscal, “la permanencia prolongada de los reclusos en estos centros de pasos ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad que pone en riesgo la integridad de los internos y de los funcionarios”.

El fiscal busca evidencia que pese a que desde el año pasado, de manera reiterada, se ha hecho un llamado para atender la situación de los reclusos, no se ha obtenido una reacción eficaz, por lo que a la Fiscalía le será imposible continuar con las capturas en Atlántico, Boyacá, Bogotá, Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Medellín, Norte de Santander, Quindío y Risaralda.

“En este grave contexto acudo a su despacho para que se adopten soluciones estructurales al problema que está enfrentando el sistema penitenciario y carcelario”, expresó Martínez.