La Fiscalía adelanta investigaciones ante las posibles sospechas de un nuevo caso de soborno que involucra al exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien, de acuerdo con la información del ente acusador, habría recibido un dinero a cambio de favorecer los intereses de la firma Recaudos y Tributos.

Según los investigadores, el supuesto soborno se habría pagado con cargo a contratos ficticios suscritos por la sociedad Recaudos y Tributos, que es filial de Inassa, la firma española señalada de participar en varios sobornos.  

La decisión que tiene de nuevo en líos al exmagistrado Pretelt Chaljub es la sentencia 1082 de 2012. En la misma, el entonces togado de la Corte Constitucional le concedió la razón a Recaudos y Tributos, que impugnó un fallo del Juzgado Quinto Civil de Santa Marta, el cual resolvió una demanda de la firma por la terminación de un contrato suscrito entre esta y la Administración de la capital del Magdalena.

La cancelación se da en razón a una demanda de un ciudadano que alegó irregularidades en el proceso licitatorio. La acción judicial se interpuso un año después de suscribirse el contrato, pero solo fue resuelta muchos años después con decisión del Juzgado Primero de Santa Marta y ratificada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

Ambas instancias le dieron la razón a Recaudos y Tributos, en el sentido de que la Alcaldía no tenía las facultades para iniciar una actuación que diera por terminado el acuerdo contractual. Entre otras razones, los abogados ganaron el pleito alegando que la Alcaldía no tenía competencia para revisar el contrato y que no le dieron el tiempo suficiente para ejercer su derecho a la defensa.

El contrato al que se hace referencia es el 092 de 2002, cuyo objeto era “la modernización del sistema y la gestión de los recaudos tributarios, entre el Distrito de Santa Marta y la Sociedad R&T, por un término de 20 años”, pero fue anulado mediante la resolución 039 de 2012, en la que le daban un plazo de cinco días para que la firma se defendiera.

Este mismo contrato estuvo en la lupa de la Contraloría General de la República y en el marco de la investigación que adelantó precisó que “el Distrito, con la suscripción del contrato 092 de 2002, presuntamente estaría incurriendo en la delegación de aquellas funciones que le son inherentes en la órbita de su gestión tributaria”.

A raíz de la decisión, se ordena la revisión del fallo que, casualmente, llega a manos del despacho de Pretelt, quien le dio la razón a Recaudos y desestimó los alegatos de la Alcaldía de Santa Marta en relación a la anulación de la relación contractual.

La decisión de Pretelt, sin embargo, fue tumbada tres años después por la solicitud de nulidad interpuesta por el alcalde de entonces, Carlos Caicedo, quien argumentó que la sentencia que le dio la razón a la firma “constituye un flagrante desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, pues la acción de tutela no se encuentra instituida para resolver asuntos contractuales”.

La sentencia proferida tras esta petición le da la razón a la Alcaldía de Santa Marta y enfatiza que “ni la Corte Constitucional ni los jueces de tutela son competentes para resolver controversias de índole contractual, pues por mandato constitucional la finalidad del amparo de tutela es la protección de derechos fundamentales”.

Lo que investiga la Fiscalía son las razones que rodearon el fallo elevado por Pretelt Chaljub, pues se habla de irregularidades en torno a la decisión, conforme lo ha manifestado el ente acusador.

Además, en la mira hay un par de nombres que son familiares cada que se mencionan los procesos judiciales del exmagistrado: los abogados Rodrigo Escobar y Víctor Pacheco, cuyas conductas en este caso en particular ameritaron la apertura de un expediente.