Por segunda vez en menos de dos meses, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, admite que en la entidad que dirige existe “una mafia peor que la del narcotráfico”. Esta fue su respuesta ante las capturas que efectuó la Fiscalía en La Guajira por dos casos de corrupción en los que se desviaron, supuestamente, cerca de 30.000 millones de pesos.

Por uno de estos casos fueron capturadas 11 personas. Un juez de control de garantías de Floridablanca (Santander) legalizó ayer las capturas para dar inicio a la audiencia de imputaciones de cargos. A las personas detenidas se les acusó de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos se remontan a 2011, año en el que el Icbf celebró convenios interadministrativos con el Hospital San Rafael de Albania por 18.600 millones de pesos para combatir la mortalidad infantil en el municipio. Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, se contrataron “1.500 personas para prestar los servicios de prevención.

Sin embargo, eran personas que tenían otras profesiones u oficios que no tenían ninguna relación con el objeto del contrato. Se contrataron mecánicos, auxiliares contables, amas de casa, pintores, entre otros”. Entre los capturados por este caso están dos funcionarios del Icbf.

El segundo hallazgo de la Fiscalía tiene que ver con dos contratos celebrados entre el ICBFy la Fundación un Mejor Vivir en 2015. Los dos contratos, que suman cerca de 10.000 millones de pesos, tenían como objeto atender integralmente a niños de cero a cinco años en La Guajira. En lugar de ejecutar estos contratos, la Fundación creó 304 cupos para niños que no existían.

Además, la Fiscalía pudo establecer que el operador falsificaba firmas “que supuestamente respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, servicios de transporte y logística”. El resultado: 695 millones de pesos perdidos por servicios que nunca se prestaron. Adicionalmente, hubo “un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo por 1.500 millones de pesos”.

Estas irregularidades no ocurrieron a escondidas de los supervisores del ICBF. María Isbelda Hernández Roys, supervisora de los contratos en el Icbf, fue capturada porque “ no cumplió con su rol de vigilancia”, dijo la Fiscalía. Por este desfalco también fueron capturados: Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y Robinson Antonio Román, creador de una empresa fachada.

ICBF anuncia medidas

Frente a estas capturas, la directora del Icbf precisó que desde hace seis meses ha venido presentando denuncias ante la Fiscalía por diferentes irregularidades. Dijo que en los procesos de contratación “hay presiones políticas, intereses particulares y algunos funcionarios del ICBF están involucrados. Todo esto hace que sea muy difícil resolver todas estas irregularidades”.

Además de los dos hallazgos de la Fiscalía, la directora dijo que se han encontrado “varias irregularidades, como que las fundaciones informan un número de niños atendidos mayor al que realmente se atiende”. De hecho, se comprometió a dejar de contratar con las fundaciones que han cometido irregularidades: “Son más de 800 fundaciones que no serán contratadas nuevamente el próximo año por no prestar el servicio con calidad”, dijo.

Justamente la Fiscalía está adelantando investigaciones en 10 departamentos para verificar si los contratos en primera infancia se están cumpliendo. “Hemos recibido denuncias de que parte del presupuesto del ICBF para la atención de niños, que es de aproximadamente 3,5 billones de pesos anuales, está siendo desviada por funcionarios del ICBF y contratistas que han celebrado convenios con el Estado”, concluyó el fiscal Eduardo Montealegre. 

*Medellín | El Colombiano