La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, por su presunta participación en la suscripción irregular de un contrato que tenía como finalidad la reducción de la mortalidad infantil en Albania (La Guajira).

Ante el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, el ente investigador la responsabilizó de los delitos de peculado, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado.

Según expuso la Fiscalía en la audiencia de imputación, la exfuncionaria habría conocido y participado en las irregularidades ocurridas en 2011, en el trámite, celebración y ejecución del contrato que tenía como objetivo reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania (La Guajira), cuando ella se desempeñaba como Alcaldesa.

Según la investigación, la Fiscalía evidenció irregularidades en los convenios interadministrativos 008 y 004, y en la adición 001, que fueron suscritos entre la Alcaldía del municipio con el Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad en los menores.

De acuerdo con lo establecido por el ente investigador, el monto del contrato fue adjudicado por Pinto días antes de abandonar su cargo para iniciar su campaña como candidata a la Gobernación de La Guajira, la cual obtuvo. Posteriormente, fue anulada esa elección por parte del Consejo de Estado.

En el mencionado contrato, la Fiscalía pudo establecer que fueron designados diez coordinadores, quienes posteriormente, subcontrataron a más de 1600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

En ese sentido, el ente investigador asegura que las personas subcontratadas habrían recibido una suma superior a 1 millón de pesos cada uno, para la ejecución, que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantar jornadas de vacunación.

Sin embargo, la Fiscalía indagó que las más de 1600 personas no tenían el perfil “idóneo” para el desarrollo de los programas, y se les había pagado a personas que se desempeñaban como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros.

La Fiscalía asegura que dichos pagos habrían sido hechos con el fin de que estas personas votaran a favor de Pinto en su aspiración a la Gobernación. Cargo que finalmente logró obtener, sin embargo, fue destituida por el Consejo de Estado.

“(Oneida Pinto) Solo tenía un objetivo, el de conseguir dineros para su campaña política", señaló la Fiscalía en la audiencia de imputación.

Por este caso, el ente acusador investiga a varios de los contratistas y al también exalcalde de ese municipio Yan Keller Hernández Herazo, quien fue el que inicialmente dio vía libre al convenio, al que Pinto le hizo una millonaria adición, durante su administración.

“Se indaga la presunta participación de Cleofe Dora Piedra Arauz, contratista del hospital San Rafael de Albania, a quién le adjudicaron más de 7 mil millones de pesos en contratos”, señaló.

La audiencia continuará mañana (viernes), dado que Pinto cambió de abogado defensor, y ahora será representada por el exfiscal Antonio Luis González, por lo que el juez le otorgó tiempo hasta mañana, para que analice los hechos por los que es acusada su cliente, y la asesore si debe declarase inocente o culpable.