Luis Ignacio Lyons, abogado clave en el escándalo de corrupción conocido como ‘Cartel de la toga’, fue imputado  este martes ante el juzgado tercero de garantías por ser el presunto responsable del delito de cohecho en calidad de coautor.

Durante la diligencia, que no duró más de 20 minutos, el fiscal del caso empezó su relato recordando que el procesado Lyons España era el abogado defensor de Musa Besaile a la sazón investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus aparentes nexos con grupos paramilitares. Ese expediente estaba a cargo del entonces magistrado Gustavo Enrique Malo de la Sala de Casación Penal.

El delegado del búnker contó que en noviembre de 2014 le avisaron a Lyons España que se iba a librar una boleta de detención en contra de su defendido. Dicha información le llegó por el también abogado Leonardo Luis Pinilla, a quien se conocía en los círculos jurídicos como ‘Porcino’.

Quien le comentó a Pinilla de la decisión del alto tribunal fue Luis Gustavo Moreno, quien posteriormente fue fiscal anticorrupción de la administración de Néstor Humberto Martínez y luego detenido y extraditado a Estados Unidos por hechos de corrupción.

“Esa información la obtuvo Moreno Rivera de parte de Francisco Ricaurte a quien Moreno conoció por instrucciones de Leonidas Bustos, entonces magistrado de la Sala de Casación Penal”, detalló el fiscal del caso.

De acuerdo con la Fiscalía, Lyons España le pregunta a Moreno Rivera cómo se podía evitar dicha captura, obteniendo como respuesta que eso se podía lograr con una suma de 3.000 millones de pesos y que la defensa fuera asumida por Moreno Rivera.

“Usted le afirmó a Moreno Rivera que le iba a comentar a Besaile, pero pidió que no lo sacaran del caso. Además, que a Musa no se le podía pedir esa suma de dinero y usted sugirió que fueran 2.000 millones de pesos”, agregó el delegado del búnker.

Posterior a esa negociación lo que siguió fue una serie de reuniones entre el procesado y el magistrado Francisco Ricaurte. De estos encuentros, el propio Besaile lo había narrado en una diligencia en enero pasado en el juicio que, casualmente, se sigue contra Ricaurte.

La Fiscalía tiene documentado que los 2.000 millones de pesos pactados tenía como propósito que en el expediente contra el exsenador cordobés se ordenaría la práctica de pruebas con el objeto de dilatar el proceso, se desvincularía al magistrado auxiliar de Gustavo Malo, José Rodríguez Casas, como en efecto sucedió, y recurrir a maniobras de retraso para obligar a la prescripción.

Así fue el pago

“Se acordó que el pago se haría en dos contados, cada uno de mil millones de pesos. De igual manera se acordó que el 10% de la suma pactada sería repartido entre Moreno Rivera y Lyons España y que de ese porcentaje se le daría una parte a Leonardo Pinilla quien habría sido quien gestionó la reunión inicial”, contó el fiscal.

Al igual que lo dijo Besaile, un primer pago se realizó antes de Semana Santa de 2015 por un monto de $390 millones. Dinero que se entregó en la oficina de Lyons España ubicada en el exclusivo sector del parque de la 93, en el norte de Bogotá. De allí fue llevado hasta la casa de Luis Gustavo Moreno.

“De esos 390 millones a usted le tocarían 100 millones y el valor restante le sería entregado a Francisco Ricaurte”, añadió la Fiscalía.

Hubo un segundo pago por idéntico monto al primero y de los cuales, Lyons España, según el ente investigador, habría tomado $50 millones.

“Es a partir de estos hechos que se logra inferir que los dineros entregados por usted y por Besaile tenían como destino a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, puntualmente a los magistrados Gustavo Malo y Leonidas Bustos, y tenían como propósito ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales”, remató la Fiscalía.