Medidas cautelares de embargo sobre 43 bienes inmuebles, 35 vehículos y 26 sociedades fueron decretadas por la Fiscalía a propiedades que figuraban a nombre de los exfuncionarios y contratistas involucrados en los presuntos hechos de corrupción en el manejo de recursos en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique.

“Funcionarios de la Fiscalía y de la Dijín realizaron las diligencias de ocupación en Crespo, Bocagrande, Torices, Manga, La Castellana, Tacarigua, Ciudad Jardín, Villa Grande, Ternera, La Plazuela y otros sectores de Cartagena, y en Turbaco (Bolívar)”, dice un comunicado del ente acusador.

De acuerdo con la información suministrada, los inmuebles están avaluados en por lo menos 20.000 millones de pesos. Uno de ellos es la propiedad en la que Olaff Puello Castillo, exdirector de Cardique, cumple la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que le dictó un juez.

Otro inmueble es una unidad residencial de 12 apartamentos en el barrio Torices, parqueaderos y las sociedades que fueron utilizadas para el desfalco.

Las personas que están siendo investigadas por estos hechos fueron señalados por la Fiscalía de ser los aparentes responsables de la desviación de por lo menos 28.000 millones de pesos mediante la celebración de 220 contratos. 

Se trata del ya mencionado Puello Castillo, así como de Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique; Dalis Esther Herrera Vargas y Saray Cecilia Hernández Durán, supervisoras de los contratos; Bernabé Maldonado Maldonado, contador que habría participado en la articulación de los contratos, y Fredy Javier Rodgers, topógrafo.