El Consejo de Estado condenó a la Nación en cabeza de la Fiscalía General a responder económicamente por la explosión de un carrobomba en 2003, en el segundo piso del parqueadero del Centro Comercial El Cid, en Medellín, Antioquia, cerca de donde estaba ubicada una sede de la entidad. 

De acuerdo con el Alto Tribunal, la Fiscalía contribuyó a crear un riesgo para sus vecinos del centro comercial, por lo que debe responder económicamente por los daños sufridos con la explosión. 

El 16 de enero de 2003, aproximadamente a las 7:45 de la mañana, un automóvil Renault 9, cargado con al menos de 100 kilos de explosivo, ingresó al centro comercial y explotó causando la muerte de cinco personas, entre ellas, un menor que respondía al nombre de Kevin Esteban Giraldo Martínez. 

La explosión dejó un número considerable de heridos y graves destrozos a las instalaciones del centro comercial y de la Fiscalía. Según la providencia, el ataque fue perpetrado por la compañía Mártires del Cairo de las extintas Farc. 

Por los hechos perpetrados años atrás, los propietarios del centro comercial, algunos arrendatarios y familiares de las víctimas decidieron demandar al Estado en ejercicio de una reparación directa al considerar que la ubicación de la sede de la Fiscalía había puesto en peligro a los trabajadores y habitantes de la zona. 

La pretensión de los propietarios del Centro Comercial era que se cancelara una suma de dinero a cada víctima por los daños, “como el edificio quedó afectado en un 70%, la reparación del inmueble les generó a los propietarios un daño emergente que ascendió a $1.683.909 y un lucro cesante de $186.600.000, resultante de los arriendos dejados de percibir por 21 locales, un centro de convenciones y 60 parqueaderos, durante los seis meses que tardó la reparación del centro comercial”. 

Tras el pedido, la Nación en cabeza del Ministerio de Defensa y la Policía mediante escrito presentado el 29 de noviembre de 2005, se opuso a las pretensiones porque consideró que no existió un daño antijurídico y tampoco se estructuró la responsabilidad del Estado, dado que el hecho fue causado por un tercero por lo que se “eximente de responsabilidad”. 

Aunque en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de los demandantes, el Consejo de Estado revocó la decisión. 

El tribunal absolvió de responsabilidad administrativa y patrimonial al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, pero reconoció el argumento de los demandantes en contra de la Fiscalía, y declaró a la entidad administrativa, patrimonialmente responsable, por los daños ocasionados. 

Aunque la corporación reconoció que el centro comercial no había cumplido con algunas de las recomendaciones de la Fiscalía en materia de seguridad, determinó que eso no la exoneraba de su responsabilidad, si bien si significó una reducción de su condena. La suma que se le ordenó pagar a los demandantes fue superior a los 160 millones de pesos.