La Fiscalía General en medio de las investigaciones que se adelantan por el caso de Odebrecht recopiló nueva información sobre la manera como “habrían intervenido servidores públicos en el favorecimiento de los intereses de la multinacional brasileña”.

Según las investigaciones del ente acusador, “la modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones a éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht”.

La vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros, aseguró que “los nuevos elementos materiales probatorios recaudados entre el 26 de octubre a la fecha, señalan que los directivos de Odebrecht en Colombia, con el concurso de los señores Otto Bula y Federico Gaviria, lograron el apoyo de varios congresistas de la República para que la consecionaria Ruta del Sol obtuviera, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, un contrato de estabilidad jurídica”.  

Según la Vicefiscal, “el grupo de parlamentarios reclutado fue denominado por parte de los funcionarios brasileros como el grupo ‘Los Bulldozer’ “un poco describiendo la característica que esta máquina tiene, lo que aparezca lo tumba”, según afirmación que emana de uno de los testimonios recogidos”.  

De acuerdo con la Fiscalía, “gracias a la gestión de los senadores ante las autoridades gubernamentales competentes, se habría obtenido la aprobación del referido contrato y su suscripción dentro del año 2012”.

La Vicefiscal en su intervención reveló que “una de las declaraciones afirma que, la presión que se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones de una manera exprés, rápida”.  

Las investigaciones de la Fiscalía confirman que “para el efecto y a título de comisión de éxito, siempre que el resultado se obtuviera a más tardar el 31 de diciembre de 2012, quedó pactado un valor de gestión de dos millones de dólares para el grupo de senadores gestionados por el señor Otto Bula, 500 mil dólares para el señor Otto Bula y 500 mil dólares para Federico Gaviria, esto más o menos con impuestos es un valor cercano a los cuatro mil millones de pesos”.

La información recaudada dan cuenta de que del denominado grupo ‘Los Bulldozer’ “habrían formado parte los senadores Armando Benedetti Villaneda, Mussa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal y Antonio Guerra de la Asprilla”.

Tras conocer los detalles de la investigación la Fiscalía General “en la fecha se ha compulsado copias de los elementos materiales probatorios respectivos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.  

Esto, junto “con las evidencias contables que dan cuenta de giros efectuados por Odebrecht desde el exterior a una empresa panameña y copia de los cheques de marzo de 2013 que permitieron monetizar en Colombia las partidas correspondientes, los que fueron cambiados en efectivo para cancelar las ‘coimas’ respectivas”.

Según el ente acusador, la compulsa de copias “la Fiscalía General de la Nación la remitió a la Corte el día 4 de octubre por la misma línea investigativa”.  

Otrosí Ocaña-Gamarra 

La Vicefiscal también reveló que “para la adición Ocaña – Gamarra, Odebrecht habría pagado una suma del orden de $50.000.000.000 según el conjunto de las evidencias recaudadas en la investigación”.  

Así mismo, la investigación también arrojó que “los nuevos recaudos probatorios han permitido establecer que el 4% de comisión de éxito que fue convenido con Odebrecht por la vía Ocaña – Gamarra, debía liquidarse por un valor de la concesión estimado en $1,6 billones, a pagar durante los años 2013, 2014 y 2015, con una tasa de interés del 11% anual, que arrojaban la suma de ochenta mil millones de pesos, lo que implicaría que “Odebrecht quedó debiendo 30 mil millones de pesos que no pagó.”  

En la investigación también han surgido nuevos elementos materiales probatorios acerca del trámite de la adición de la vía Ocaña-Gamarra, para lo cual “Odebrecht habría contado inicialmente con la coadyuvancia del entonces Ministro de Transporte, Miguel Peñaloza Barrientos”.

Según el reporte de la Fiscalía, “los elementos recaudados dan cuenta de que el ministro (de Transporte) Miguel Peñaloza se habría encargado de promover este proyecto de infraestructura, inicialmente radicado en el Fondo de Adaptación, para que quedara asignado en la ANI, lo que facilitaba su ejecución mediante el mecanismo de ‘adición’ al contrato Ruta del Sol – Tramo II”.

Sin embargo, al retiro del Gobierno del ministro Peñaloza “el proyecto empezó a coger una velocidad muy lenta. Por esta razón, se dice que el señor Bula habría tomado la decisión de ampliar el original Grupo ‘Bulldozer’, porque si no había un bloque grande y fuerte para pelear el asunto, era imposible lograrlo”, dijo la Vicefiscal General.

Según la declaración, “habrían contribuido a impulsar la adición Ocaña - Gamarra los parlamentarios Armando Benedetti Villaneda, Mussa Besaile Fayad, Bernardo Miguel Elías Vidal, Antonio Guerra de la Asprilla y Álvaro Ashton”.

“En la misma versión, se hace mención a los Congresistas Sandra Villadiego, Martín Mórales y Ape Cuello, por lo cual la compulsa de copias incluye dichas menciones para que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigue lo pertinente”.  

La Vicefiscal aseguró que la identificación individual en esta fase de indagación respecto de los mencionados Congresistas no es posible llevarla a cabo por parte de la Fiscalía General, por falta de competencia. Por esta razón, todo las pruebas serán trasladadas a la Corte Suprema de Justicia a fin de que en esa sede jurisdiccional se adelante la individualización de los presuntos beneficiarios de estos pagos.  

Riveros argumentó que “en adición a lo anterior, y con relación a los elementos materiales probatorios en los cuales se menciona la participación del entonces ministro Miguel Peñaloza en estos hechos, se ha dispuesto la compulsa de las copias respectivas con destino a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo de su competencia”.

Participación de Plinio Olano

Según la Vicefiscal General, en las nuevas pruebas recolectadas por el ente acusador “se vuelve a hacer mención al entonces congresista Plinio Olano y su relación con Odebrecht durante el año 2010”.

Se dice que “existió una reciprocidad que cumplir con el señor Plinio Olano por parte de Odebrecht y que se habría acordado a través de la incorporación de un sobreprecio por valor de $500 millones de pesos en un contrato de obra”.

Según Riveros, “parte de este pago habría sido hecho a través de la inclusión de una empresa de confianza del entonces Senador en el grupo constructor que desarrollaría tal obra”.  

Para la Fiscalía, las evidencias en las cuales se hace referencia al mencionado acuerdo, así como las circunstancias que habrían rodeado su pago, han sido compulsadas a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia, como complemento a las ya remitidas el 1 de agosto 2017.  

Igualmente, y “con relación a otras gestiones adelantadas ante Odebrecht por el entonces senador Plinio Olano a favor del exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, se ha dispuesto la compulsa de copias respectiva ante la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación correspondiente”.

Investigación sobre los no aforados

Por último la Vicefiscal precisó que en la línea de investigación las pruebas revelaron a unas personas no aforadas que “habrían participado o resultado beneficiadas por parte de Odebrecht en los mencionados procesos, la Fiscalía General de la Nación avanzara de inmediato en las respectivas investigaciones a efectos de establecer sus responsabilidades dentro de estos esquemas”.

Según la Fiscalía, “por su participación en estos hechos, inicialmente se citará a interrogatorio al  ciudadano Luis Bernardo Villegas. Copia de los elementos materiales probatorios que mencionan la participación de funcionarios públicos en los hechos aquí señalados serán enviados igualmente a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia”.