El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que la Corte Constitucional se debería pronunciar prontamente sobre el acto legislativo 02 de 2017, de Justicia Penal Especial, para que el Congreso legisle en la misma dirección del fallo. 

"Le haría un gran servicio la Corte Constitucional al trámite parlamentario, por lo que se necesita una definición pronta", aseguró el jefe del organismo investigador. 

Sostuvo que los tiempos están agobiando el trámite de tal manera "que pueden generar una trampa institucional. Mientras no se produzca el fallo de la Corte Constitucional se está avanzando en la Ley estatutaria y puede ser que lo que se decida en la Ley estatutaria no se refleje en el fallo de la Corte, esta es una dificultad de última hora que toca tener en cuenta al momento del trámite de la Ley". 

El funcionario anunció que la ponencia se radicará este martes en las secretarías de Senado y Cámara, para que sea anunciado el miércoles. Sin embargo, “quedan algunos artículos sin resolver. Por ejemplo, los temas de responsabilidad por delitos de lesa humanidad y graves crímenes de Guerra que no pueden afectar a todo el mundo sino quien deben quedar excluidos de los beneficios solamente los máximos responsables. La propia fiscal de la Corte Penal Internacional ha compartido el criterio de la Fiscalía General de la Nación en el sentido de que cuando se trata de delitos de lesa humanidad no puede haber ningún tipo de amnistías o tratamientos favorables, este es un imperativo del orden jurídico internacional”. 

Dijo que frente a las facultades de los jueces en la justicia transicional, “es claro que el archivo de este artículo, propuesto por nosotros, y que no fue acogido, es objeto de muchas preocupaciones. En la medida que puedan limitarse derechos constitucionales directamente por los jueces sin que exista una Ley de procedimiento que así lo establezca”. 

Y agregó que la posición de la Fiscalía es “que no se le deben dar facultades para impulsar la acción de la jurisdicción, sin que haya una ley preexistente. En todo Estado de derecho los jueces cumplen con Las leyes y deben acatar los procedimientos de los Congresos”. 

Las declaraciones del jefe del ente acusador se dieron luego de una visita que realizó al Partido Conservador, para transmitir sus inquietudes con respecto al proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. 

Hernán Andrade, por su parte, sostuvo que la colectividad se encuentra en asamblea permanente al respecto del análisis de la propuesta y sostuvo que “el partido va a votar en su gran mayoría el articulado de la JEP, que no quede ninguna duda que no vamos a dejar el caballo en la mitad del río, vamos a sacar adelante la ley como un compromiso del Estado colombiano”. 

Dijo que hay una dificultad con respecto al fallo de la Corte Constitucional frente al acto legislativo 02 de 2017, “que no es fácil obviar pero lo vamos a analizar”. 

Sin embargo, sostuvo que la colectividad colocará sus condiciones al respecto de la participación política de la guerrilla de las FARC, de los bienes producto del narcotráfico y de los máximos responsables, “estos últimos con base en la carta de la Corte Penal Internacional”.