La plenaria del Senado de la República en la cual entregó un informe sobre las acciones que adelanta la Fiscalía para velar por la transparencia de los recursos estatales en la crisis de la pandemia del coronavirus, fue aprovechada por el fiscal general Francisco Barbosa, para referirse a las chuzadas que hicieron desde la Inteligencia del Ejército a más de 130 personalidades del país.

A la sesión, que fue virtual, igualmente asistieron el procurador general Fernando Carrillo y el contralor general Carlos Felipe Córdoba, los cuales igualmente hicieron un reporte sobre las investigaciones disciplinarias y fiscales contra alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos del nivel del gobierno nacional.

Barbosa había sido requerido por algunos senadores, entre ellos los de la oposición, para que explicara cómo avanzan las investigaciones por el tema de las 'chuzadas' que fueron reveladas durante el fin de semana pasado.

Al respecto el fiscal sostuvo que “ante los últimos hechos que se han venido presentando en Colombia, debo decirle al Congreso de la República que el fiscal general, no va a aceptar ni va a permitir que se utilicen instituciones del Estado para conculcar los derechos humanos o la libertad de expresión de los colombianos, ni de los periodistas, los abogados”.

Pero su comentario fue más allá al explicar que esas escuchas ilegales llegaron hasta el despacho del Jefe del Estados y debe tener un responsable. “Tampoco se puede permitir que se haya intentado crear mecanismos como perfilamientos a las personas cercanas al Presidente de la República, porque estamos hablando que éste es un asunto de carácter de seguridad nacional”.

Precisó que “la Fiscalía ya está avanzando en esas investigaciones. Para el país debe quedar claro que hoy estamos ante los desafíos de siempre, pero por supuesto espero estar dentro de poco con las respuestas a estos resultados”.

Por su parte el contralor, Carlos Felipe Mejía, informó que se han decretado embargos en los 2 procesos de responsabilidad fiscal que se han abierto, uno al Gobernador de Arauca, Facundo Castillo, a la vez que se se han aplicado medidas cautelares a otros 3 gobernadores.

Córdoba precisó además que desde la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción adelanta hoy 21 indagaciones preliminares, por una cuantía superior a los $50 mil millones, de ellos 7 están en reparto para poder abrir proceso de responsabilidad fiscal.

También reportó que se ha expedido 22 resoluciones que ordenan la intervención funcional de 132 contratos por valor total superior a los 297.755 millones de pesos.

Respecto de los créditos de Finagro que tenían un subsidio especial, Córdoba sostuvo que grandes floricultores se beneficiaron con $2.000 millones de la Línea de Crédito Agro Produce.

Señaló que la Contraloría podrá adelantar acciones de vigilancia y control posteriores sobre los recursos del FONPET y el FAE prestados al FOME.

El procurador Fernando Carrillo, informó que por presuntos sobrecostos y posible vulneración al principio de planeación en la compra de diez ambulancias para el departamento, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al gobernador de Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña.

La decisión también cobija al secretario de Salud, Jorge Alberto Molina Giraldo, y a las jefas de las oficinas de Prestación y Desarrollo de Servicios, Fanny Chávez, y de Salud Pública del departamento, Alexandra Benavides González.