En lo que estuvo claro y contundente el fiscal ad hoc del caso Odebrecht,  fue en reconocer que solicitó la investigación contra los dos delegados del ente acusador por las omisiones en el proceso  contra el excongresista Otto Bula, los fiscales Álvaro Betancur Martínez y Daniel Ricardo Hernández Martínez.

Informa Espinosa que, mediante comunicación dirigida al fiscal jefe de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón, se compulsaron copias contra Hernández Martínez y Betancur Martínez, fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, al encontrar omisiones manifestadas en la no imputación de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir contra el señor Otto Nicolás Bula Bula. Para el exfiscal ad hoc la tarea consistió en revelar hechos que pueden tener algún tipo de irregularidad, sobre todo en la forma en que actuaron los funcionarios.

Por otro lado, según sus averiguaciones en el proceso contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez se presentaron varias irregularidades, razón por la que ordenó el desarchivo del proceso. Según le informó a la Corte contra las exministras encontró nuevas pruebas, porque otras autoridades hallaron mérito para abrir investigación. Además, Espinosa encontró ilegal el archivo porque las razones aducidas por los fiscales a órdenes de Martínez Neira requerían del control previo por parte de un juez de garantías, que nunca lo tuvo.

De acuerdo con estas informaciones la investigación estaría bastante avanzada y se espera que con la revisión final de los resultados obtenidos hasta ahora se presenten certezas para llegar a un escenario de imputación de cargos. Para Espinosa la orden de archivo se profirió por un razonamiento de atipicidad subjetiva lo cual no era procedente por estar vinculado a una causal de preclusión que debía pasar por el control judicial. Para su despacho la cooperación de la policía judicial ha llevado a nuevos elementos de convicción y se calcula que en el curso de estas averiguaciones aparezca la opción de llegar a la audiencia de imputación e incluso a que se produzcan capturas.

Cuando se empezaron a revisar los documentos en el despacho del ad hoc se comenzaron a evidenciar ciertas demoras en el trámite de ordenes de captura, o en el registro de las mismas, en acudir a las instancias pertinentes para el tema de circulares con apoyo de Interpol, que a su juicio no tenían ninguna explicación diferente a una negligencia obstructiva. Esas circunstancias se las informaron en su momento al fiscal Martínez Neira, para que compartiera o les solicitara explicaciones a los fiscales que tenían a su cargo estas investigaciones.

El informe de Leonardo Espinosa enviado a la Corte Suprema de Justicia contiene una relación detallada de sus actuaciones como coordinador de las investigaciones del caso Odebrecht, sobre hechos relevantes de su gestión como el impulso que le dio a la intención del exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal de colaborarle a la justicia respecto del capítulo de los sobornos de Odebrecht que no se puede ocultar que ha salpicado a políticos y a campañas presidenciales.

Apartes del documento de Espinosa dan cuenta de los actos de colaboración ofrecidos por Bernardo Miguel Elías Vidal y de las reuniones que se hicieron con la abogada Silvia Margarita Rugeles para agendar el cronograma de declaraciones juramentadas del conocido ‘Ñoño’ Elías, condenado por la Corte a seis años y ocho meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias.

Los mismos fiscales

Por otro lado, el informe del fiscal ad hoc revela que en el caso de las coimas se evidencia que los fiscales a cargo de Néstor Humberto Martínez cometieron presuntas irregularidades al no imputar el delito de lavado de activos, que consiste en el cargo más grave, con mayor pena, que no es excarcelable y que tiene múltiples consecuencias negativas.

Según Leonardo Espinosa, los fiscales subalternos de Martínez Neira habrían cometido serias irregularidades respecto de las órdenes de captura de los directores brasileros de Odebrecht que actuaron en los sobornos trasnacionales en Colombia. De acuerdo con sus averiguaciones, al parecer, existieron actuaciones indebidas en el trámite de las órdenes de captura contra Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni Marangoni y Amilton Hideaki Sendai.

Estas pesquisas reflejan la relación insuficiente de hechos jurídicamente relevantes para los cargos objeto de la acusación y la remoción unilateral, y sin acudir a la figura de la preclusión, de conductas punibles que habían sido debidamente formuladas en la audiencia de imputación.

Según este revelador informe, los investigadores a cargo de Néstor Humberto Martínez crearon radicados internos y diferentes procesos contra los brasileros con lo cual se originaba un conflicto administrativo interno que entorpecía el normal funcionamiento del ad hoc. Espinosa asegura que estas alertas se las comunicó a Martínez y a sus delegados, pero ellos nunca contestaron.

Estas inconsistencias administrativas condujeron a aparentes irregularidades en el trámite de las órdenes de captura de los brasileros. Para Espinosa se observa “escasa o casi nula actividad investigativa” en los procesos de los brasileros, “los cuales a la fecha siguen en etapa de indagación. De esta comunicación nunca se recibió respuesta por parte del entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira”.

En círculos de la Fiscalía se preguntan si estas actuaciones que reflejan lo que llama el senador Robledo “encubrimiento” por parte de Martínez, Betancur y Hernández fueron conducidas con el mismo rasero con que se actuó contra Carlos Mattos, ya que extrañamente son los mismos fiscales que actuaron ilegalmente en el caso Odebrecht. Incluso la defensa de Mattos había pensado en solicitar un ad hoc, porque encontraban similitudes en el tratamiento del caso, en la falta de rigor y exceso de subjetividad.