La semana pasada, el expresidente Juan Manuel Santos lo negó todo. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en versión libre, dijo que “no hay una sola prueba” de que la multinacional Odebrecht hubiera financiado su campaña reeleccionista a la presidencia.

Pero mientras rendía su versión, en los medios el empresario Andrés Sanmiguel hablaba, vale recordar que él ante la justicia admitió haber sido intermediario de la entrega de al menos $3.800 millones por parte de la constructora brasileña, que habrían ido a parar a la campaña de Santos.

Valiéndose de una red de financiaciones, coimas y lobby, Odebrecht fue entre 2010 y 2016 uno de los principales contratistas del Estado que, le adjudicó proyectos como la Ruta del Sol II, por valor de cerca de $3 billones.

En Colombia, que una empresa privada financie una campaña política no constituye delito, siempre y cuando el dinero sea reportado y se ciña a ciertas reglas consignadas en la Ley 1475 de 2011.

Tampoco es ilegal que una compañía que financió un proyecto político contrate con el Estado. Sin embargo, esa puerta giratoria sí genera alto riesgo de corrupción.

Un informe presentado por la ONG Transparencia por Colombia revela que una tercera parte de las empresas que financiaron campañas ganadoras a partir de 2015, les fueron adjudicados contratos públicos después de que entregaran sus aportes.

La ONG cruzó los datos de contratación pública registrada en las plataformas Secop I y II, y las cruzó con los datos que entre 2015 y 2018 registraron los candidatos en el sistema Cuentas Claras del CNE. En ese período de tiempo, el país tuvo elecciones regionales (alcaldías y gobernaciones), a Congreso y la primera y segunda vuelta presidenciales.

El reporte da cuenta de que, en el ámbito municipal y departamental, un 80 % de los contratos entregados a financiadores se hizo mediante la modalidad de contratación directa y un 11 % se adjudicó bajo la figura de régimen especial.

Estas modalidades están permitidas por la normatividad como mecanismos excepcionales porque no requieren convocatoria pública. Están concebidas para casos en los que, por lo general, no hay pluralidad de oferentes en el mercado.

Sandra Martínez, líder de Transparencia por Colombia, señaló que hay un excesivo uso de contratación directa, porque ahí las entidades tienen un mayor poder sobre el resultado. “En este ejercicio, es que los financiadores de campaña se vuelven contratistas”.

Esta situación ya había sido alertada por la Misión de Observación Electoral (MOE), que presentó en noviembre del 2018 un reporte según el cual 485 donantes a campañas recibieron contratos públicos por valor de $169.000 millones.