El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, aseguró que esa entidad necesita $270.000 millones para garantizar esquemas de seguridad de líderes sociales a partir de junio de 2019.

González dijo que espera que el Congreso apruebe una adición presupuestal para poder garantizar la seguridad de estos líderes,  teniendo en cuenta que el año pasado, a pesar del déficit presupuestal, el Gobierno Nacional garantizó los recursos hasta final de año e incluso hasta enero del año en curso.

El director de la UNP explicó que ya tienen los recursos para los primeros cinco meses 2019, que corresponden a $181.000 millones. Sin embargo, recalcó que se han incrementado las solicitudes de protección. Aseguró que han recibido 3.021 por parte de líderes sociales o defensores de derechos humanos. En relación con las recientes protestas por parte de los sindicatos de escoltas que brindan protección en nombre de la UNP, González, dijo que la entidad está garantizando las condiciones económicas para la prestación del servicio, hasta donde le corresponde a la entidad.

Pablo Elías González señaló que existen 3 operadores con un total de 5.200 escoltas de los cuales 400 son de planta y  brindan el servicio de protección a 7.400 personas en el país. En este sentido, agregó que la Unidad no es la responsable de cumplir con las garantías de los escoltas de las empresas operadoras. El funcionario agregó que no entiende por qué los sindicatos de estos operadores pretenden protestar, teniendo en cuenta que recientemente tuvieron una mesa de conversaciones con el Ministerio del Trabajo. Dijo que es esta última entidad es la que se debe encargar de resolver las inquietudes de los sindicatos. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que para el Gobierno es de suma importancia garantizar la protección de las personas que tienen esquemas de protección de la UNP.

“Estamos en una reingeniería de la UNP. Estamos revisando cómo se asignaron los esquemas, los tiempos para evaluación de los riesgos y sobre todo revisar quiénes ya no necesitan los esquemas y se puedan devolver”, dijo la ministra.