La Contraloría General de la República emitió fallo con responsabilidad fiscal en cuantía indexada de $26.274 miilones, así lo indicó el Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales, José Miguel Char Chicre, al iniciar la lectura del fallo de primera instancia en este proceso de responsabilidad fiscal.

A este proceso están vinculados como presuntos responsables fiscales el exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, y tres funcionarios que lo acompañaron en su administración que son Ana María del Carmen Álvarez Castillo, en su calidad de secretaria de Salud Departamental; Bertha María Pérez López, quien ejerció este mismo cargo como encargada; y Nacha Newbal Jiménez, como directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud de esa misma dependencia.

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal a todos los señalados, por los pagos que, atendiendo fallos de tutela, realizó la Secretaría de Salud Departamental por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que debió estar a cargo de las EPS a las que estaban afiliados dado que los servicios médicos para el tratamiento de la enfermedad se encontraban cobijados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

Otros vinculados

-La Fundación Ciénaga de la Virgen, representada legalmente por Emperatriz Agamez Meléndez, en calidad de contratista.

-La IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud -Asistegral, representada legalmente por Gloria Patricia Giraldo Jaramillo.

-Candelaria Valdelamar Martínez, representante legal del Hospital La Divina Misericordia de Magangué (Bolívar).

-La Fundación Renal de Colombia, representada legalmente por Gabriel Enrique García Sotelo.

-Luis Eduardo Ortiz Herrera, en calidad de Auditor Médico, Líder del Programa de Prestación de Servicios de Salud.

Lo que buscaba el cartel

Por medio falsos diagnósticos, resultados de laboratorio fraudulentos e incremento injustificado de pacientes hemofílicos, buscaban obtener beneficios económicos ilegales a partir de recursos que ingresaban al departamento de Córdoba por concepto de regalías y salud.