Más de 15.000 beneficiarios con documentos de identidad reportados como fallecidos ante la Registraduría Nacional recibieron al menos 28.000 raciones de alimentos entregadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El hallazgo corresponde a un seguimiento de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República, que encontró 69 alertas por irregularidades en la entrega de alimentos por parte de contratistas del ICBF en medio del Programa de Canastas Nutricionales.

La DIARI logró identificar que en medio de la modalidad adaptada para suministrar las raciones alimentarias a niños y niñas entre los cero y los cinco años en medio de la pandemia, diversos contratistas de la entidad entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes que aparecen reportados como fallecidos en la base de datos de la Registraduría.

Según la Contraloría, el valor de estas raciones asciende a 2.241 millones de pesos, pues cada ración de alimentos tiene un valor mínimo  de 80.000 pesos. De las más de 28.000 raciones asignadas a personas fallecidas, 4.548 se realizaron en el departamento de La Guajira entre los meses de mayo, junio y julio.

Además de las entregas a acudientes fallecidos, se identificaron menores que aparecían reportados como beneficiarios del programa de Canastas Nutricionales, pero que también, según los reportes de la Registraduría, habían fallecido tiempo antes. Sus números de identificación eran usados con otros nombres y apellidos en el programa de alimentos.

En total, la DIARI detectó 48 entregas a 21 menores de edad fallecidos, de acuerdo a los datos de la Registraduría. 37 de estas entregas se dieron a 16 menores en Chocó y otras ocho a dos menores de edad en Nariño.

La DIARI encontró además que en varios departamentos del país hay personas con múltiples beneficiarios. Por ejemplo, un adulto reclamó 195 beneficios aludiendo ser el acudiente de 195 menores de edad en Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego, y El Carmen, en Norte de Santander.

Así mismo, en Chimichagua, Cesar, una mujer aseguró ser madre de 172 niños y niñas, por lo que recibió raciones de alimentos por cada uno de ellos. Otro adulto aseguró ser tío político de 134 menores de edad en Buenaventura, Valle del Cauca, reclamando beneficios del programa de alimentos.

“Esto tiene que parar. No pueden seguir los operadores proporcionándole las raciones a personas cuyos documentos de identidad indican que están reportadas como fallecidas”, afirmó María Fernanda Rangel, directora de la DIARI.

Por último, la DIARI encontró contratos con bajos índices de cumplimientos. Entre los meses de mayo, junio y julio existen contratos con pocas entregas o con ninguna entrega, que ascienden a un valor de 12.087 millones de pesos por entregar.

La información de la DIARI se obtuvo de las mismas planillas de los operadores del ICBF, que fueron cruzadas con datos de la Registraduría. Cada planilla fue digitalizada y analizada por medio de algoritmos.

Respuesta del ICBF

Tras conocerse el informe de la DIARI, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, afirmó que no ha recibido de forma oficial el informe de la Contraloría y aseguró que desde el primer momento en que se dio la flexibilización de los servicios a causa de la pandemia, el Instituto le solicitó un acompañamiento particular a la Contraloría con el fin de apoyar la supervisión y verificación de los operadores encargados de entregar las canastas nutricionales.

"Desde el primer día el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios", aseguró la Directora del ICBF.

Arbeláez también explicó que la entidad ha venido trabajando en herramientas como BienestarApp y Betto, con el fin de garantizar la transparencia en las contrataciones y evitar el robo de recursos destinados a la niñez.

La directora aseguró que se harán todas las investigaciones administrativas al interior del ICBF con el fin de establecer las responsabilidades de los contratistas en los hallazgos de la Contraloría.