El Tribunal Superior de Bogotá prescribió la investigación por dos delitos por los que fue condenado el exsubdirector del DAS José Miguel Narváez Martínez, por participar en los hechos que rodearon las interceptaciones ilegales realizadas a periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos entre 2004 y 2005.

Narváez había sido condenado en dos instancias por estos hechos. El exsubdirector del DAS presentó una tutela pidiendo la preclusión por los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores; dicho recurso fue avalado, y Narváez no tendrá que pagar su condena por estos hechos.

En noviembre, la Sala Penal del Tribunal de la capital decidió aumentar el fallo de primera instancia, por lo que Narváez debía ser recluido en un centro carcelario, durante ocho años y nueve meses de prisión, sin embargo, tras la nueva determinación de esa misma instancia judicial, no se podría hacer efectiva la condena impuesta.

Ante la particular situación, una de las víctimas, el jurista Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que la decisión fue tomada el pasado 15 de diciembre, por lo que a las partes aún no se les ha comunicado la totalidad de la determinación. A pesar de ellos el Tribunal le hizo llegar a su despacho una notificación en la que se deja constancia de que a Narváez se le ordena la libertad por ese proceso.

“Narváez había sido condenado en segunda instancia por los delitos que se señalan allí, y se desconocen las razones de la nueva decisión”, explicó Pérez.

Pese a que el Tribunal ordenó la libertad del exfuncionario, él no quedará en libertad, dado que también enfrenta un proceso por su participación en el crimen de Jaime Garzón, además es procesado por la presunta tortura sicológica de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque.

La condena por 'chuzadas'

El exsubdirector del DAS fue declarado culpable de conocer las actividades desarrolladas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), especialmente las adelantadas por el denominado G-3, encargado de hacer los seguimientos de varias personas.

Según la Fiscalía, el denominado G-3 era un grupo conformado con la finalidad de interceptar ilegalmente organizaciones y personas opositoras al Gobierno del entonces presidente de la república Álvaro Uribe.

El ente investigador señala que el grupo se constituyó como una “empresa criminal” creada al interior del DAS, con concertación y acuerdo de voluntades, no sólo de quienes fueron miembros del grupo, sino de los superiores y directivos de la entidad, quienes a su vez debían rendir informes a integrantes del Gobierno.