El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses del abogado Diego Cadena, en el proceso que se surte en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno, en la presunta manipulación testigos, aseguró que no hay pruebas suficientes para corroborar que su defendido incurrió en acciones ilegales.

El abogado Cadena junto con el penalista Juan José Salazar son señalados por la Fiscalía de visitar en la cárcel a exparamilitares para, supuestamente, persuadirlos y hablar a favor del senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, en el expediente que se surte por tales señalamientos.

La Fiscalía, en audiencias pasadas ha reseñado enfáticamente que Cadena y Salazar habrían persuadido a Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y a Juan Guillermo Monsalve a cambio de favores jurídicos y gruesas sumas monetarias, entre ellos, 200 millones de pesos a alias ‘Víctor’, quien ha expuesto que de esa suma recibió tan solo 48 millones.

Pese a que el delegado del ente acusador tiene pruebas en contra de los abogados, la defensa en el proceso expuso, en audiencia adelantada este lunes de manera virtual ante el juzgado 35 de garantías de Bogotá, que no cuenta con las pruebas suficientes para judicializar a sus clientes y mucho menos para solicitar que se les imponga una medida de aseguramiento.

Cancino desvirtuó que lo expuesto por la Fiscalía se trate de un soborno por parte del abogado Cadena, mientras que Felipe Caballero, abogado de Salazar, le dio un giro al proceso y aseguró que su defendido se ha enfrentado a una extorsión por parte de los confesos paramilitares.

“Carlos Enrique Vélez ha pensado en sacarle 200 millones de pesos, más no porque el abogado Diego Cadena haya ofrecido esa cantidad”, anunció Caballero, a la vez que añadió que entregará al juez un video en el que se aprecia una declaración jurada de alias ‘Víctor’, donde menciona que Diego Cadena no le ofreció dinero.

A juicio de Caballero, esa declaración les permite “corroborar que ni Diego Cadena ni José Salazar han tenido la intención de corroer el proceso”. Cancino, por su parte, aseguró que no existe delito en que un abogado se dirija a la cárcel y escriba junto con la aprobación de un recluso un testimonio, dado que eso se registra a menudo en su profesión.

“El debate no es si se escribió el testimonio de un testigo. El debate es si en realidad se pretendía engañar a la Corte Suprema de Justicia con los falsos testimonios”, aseguró el abogado Cancino y en su intervención de casi dos horas señaló que la Fiscalía no realizó la tarea de investigar cada una de las pruebas que expuso en la audiencia de imputación de cargos.

De acuerdo con Cancino, el fiscal le reprochó a Cadena que no se tenga respaldo de los pagos hechos a los exparamilitares, sin embargo, el abogado reseñó que existe evidencia que está notificada en notaria como también lo ha mencionado su defendido.

Además de ello, la defensa ha reseñado que Vélez es un “testigo mentiroso”, si bien ha mencionado que Cadena no le ofreció dinero, en su declaración también ha dicho lo contrario.

“El señor Vélez declara cuando lo citan en agosto y dice que no le ofrecieron dinero por esa declaración. En las demás declaraciones, él va para un lado y va para otro y cada cosa que dice para inculpar a Cadena o Salazar carece de sustento y cuando pone a su familia a declarar cae en su propio invento”.

A juicio de Cancino, el delegado de la Fiscalía de “manera irresponsable pide una medida de aseguramiento sin tener suficientes pruebas (…) no tiene sentido ni explicación que a uno (exparamilitar) le ofrezca 200 millones de pesos, y a otro asesoría judicial”. Esto último lo menciona el abogado porque se ha dicho que Cadena, presuntamente, ofreció beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz.

Respecto de la medida de aseguramiento sobre su defendido, consideró que no es viable, dado que comprobó con material que allegó al juzgado que Cadena no podría obstruir a la justicia. “No existe valor probado sobre que Cadena pueda obstruir la justicia”, finalizó su intervención y reseñó que revelará información ante el juzgado para que el próximo jueves determine si su cliente debe adelantar su proceso judicial privado de la libertad.

El vínculo con Uribe

La próxima diligencia virtual en contra de Cadena se desarrollará el 6 de agosto, mismo día en el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia deberá tomar determinación sobre si acogen o no la ponencia del magistrado César Reyes, en la que se define el futuro jurídico del expresidente Uribe.

Los casos se relacionan entre sí, debido a que la investigación contra Cadena se registró por cuenta del expediente que se surte en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Uribe, por los mismos delitos: fraude procesal y soborno. Lo que ha trascendido es que los testimonios que, según la Fiscalía, ha buscado Cadena, es para favorecer al expresidente respecto de los nexos con el paramilitarismo.

El caso con Uribe empezó años atrás cuando éste interpuso una demanda en contra del senador Iván Cepeda por los mismos delitos. Cabe mencionar que el senador del Polo Democrático visitó algunos penales en busca de testimonios que vinculan a Uribe por sus supuestos nexos con exparamilitares. Lo hallado por el senador Cepeda fue llevado al Congreso de la República y expuesto en un debate de control político.

La Corte Suprema, con base en la denuncia de Uribe, abrió investigación en contra del senador Cepeda, sin embargo, años más tarde halló que el senador del Polo no tenía responsabilidad en lo que mencionaba el expresidente, y contrario a lo que se esperaba, se abrió un expediente en su contra. En julio de 2018 abrieron el proceso y un año más tarde lo llamaron a indagatoria.

Casi dos años después, la ponencia para conocer si es responsable de tales hechos, fue radicada en la Sala de Instrucción, y si bien aún no se conoce el sentido de la misma, el partido Centro Democrático en un comunicado emitido a primera hora de este lunes, advirtió de una posible detención al senador.

La comunicación señala que “el Centro Democrático, con el debido respeto que merecen las instituciones y la administración de justicia de nuestro país, expresa su grave preocupación ante las diferentes versiones de prensa que avisan la inminente decisión que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia se aprestaría a tomar contra el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Expresaron, además, que “desde que el péndulo de la seguridad ciudadana empezó a moverse a favor de las instituciones, durante el mandato de la Seguridad Democrática, distintos elementos asociados a la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar -en la percepción pública- la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable. Haber cumplido respetuosamente los llamados que le ha hecho la justicia es la mayor prueba de su talante democrático”.

Indicaron en otro de los apartes que el esfuerzo “asiduo de la propaganda antiuribista, esparcida por redes sociales y medios convencionales, surgió como una reacción cuidadosamente articulada y se concentró en la táctica de conseguir la aniquilación reputacional paulatina, tanto de la obra de Álvaro Uribe, como de su persona, categorizando esos dos propósitos como objetivos estratégicos de la izquierda radical internacional”.

El documento que planteó que una decisión contra “la honra” de Uribe Vélez sin contar con la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, “nos empujaría hacia una inédita paradoja de la historia: Los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos”.  

Por su parte, Cepeda quien está acreditado como víctima en el proceso que surte en contra de Cadena y Uribe, ha expresado que la actuación del Centro Democrático e incluso desde la propia Presidencia de la República y los seguidores del uribismo ha sido “una agresiva campaña que busca sembrar confusión en la opinión pública, y presionar a los magistrados de la Corte con amenazas veladas o abiertas”.

A juicio de Cepeda, no es la primera vez que esto ocurre. En octubre de 2018, ante la citación a indagatoria al senador Uribe “se hizo una campaña con el mismo libreto y propósito. En ese entonces se intentaba convencer a la ciudadanía que Uribe está por encima de la justicia y que de darse esa diligencia judicial, sobrevendría un estado de conmoción nacional de consecuencias impredecibles”.

Cepeda en su comunicación solicitó al partido Centro Democrático a cesar en sus intentos por intimidar y presionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “No se puede afirmar que se respetan las instituciones, y al mismo tiempo arrojar un manto de duda sobre la independencia y la probidad de este tribunal supremo ante una decisión adversa. El respeto de la justicia desde una concepción democrática implica la aceptación de las providencias de los tribunales”.

Para el senador del Polo Democrático, la afirmación de que sería una “inédita paradoja” que el senador Uribe pueda ser privado de la libertad, mientras exguerrilleros tienen representación en el Congreso, “lo único que demuestra es la cínica convicción de que el ciudadano Uribe Vélez debe gozar de inmunidad frente a decisiones que pueda tomar en su contra la justicia, y que su condición de expresidente incluye la impunidad”.

Respecto de la supuesta medida de aseguramiento que anuncian los simpatizantes de uribismo, el senador Cepeda que es una actuación que conduciría a una “situación incontrolable”,  dado que a su juicio, vale recordar que la incitación a la violencia es un delito sancionado penalmente.

“Demandamos del presidente Iván Duque Márquez que se conduzca como Jefe de Estado y no como defensor de oficio de su mentor político, y que cese definitivamente sus reiterados intentos de intromisión en las deliberaciones del poder judicial”, afirmó Cepeda.