El general en retiro Leonardo Gallego, quien estuvo al frente de la Dijín, será investigado por el caso de la periodista Jineth Bedoya. Así lo establece una sentencia de un juez especializado de Bogotá que, además, fijó la condena a 40 años de Jesús Emiro Pereira y de 30 años a Alejandro Cárdenas, exparamilitares vinculados con la tortura y violación a la reportera.

El caso de Jineth Bedoya data de 2002. Ese año, el 25 de mayo, tres hombres la secuestraron a las puertas de la cárcel La Modelo de Bogotá, a donde la periodista había ido para entrevistar a una fuente. Los sujetos, que posteriormente serían identificados como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, la secuestraron durante 16 horas, la violaron y la torturaron, para después abandonarla en un sector despoblado cerca de Villavicencio.

Siete años después, Bedoya reunió valor para contar su historia públicamente. Desde ese entonces lidera una campaña, “No es hora de callar”, donde acompaña a mujeres víctimas de violencia sexual a reconstruir sus vidas. Además, trabaja activamente para que dichos sucesos no vuelvan a pasar. Su labor ha sido tan ampliamente reconocida en Colombia y el mundo, que en 2014 el presidente de entonces, Juan Manuel Santos, decretó el 25 de mayo como “día por la dignidad de las víctimas de violencia sexual”.

Santos declaró en ese entonces que expedía el decreto como una medida de reparación simbólica para Bedoya, y además contribuía a dignificar a todos y todas las víctimas de violencia sexual en Colombia. Respecto a los avances judiciales del caso, pese a que el hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades casi inmediatamente acontecidos, los avances fueron mínimos hasta la fiscalía de Vivian Morales.

Morales decretó en 2011 que el caso de Bedoya era un delito de lesa humanidad, lo que inmediatamente provocó que fuera reconocido ante la justicia como imprescriptible. Hay que recordar que justo ese mismo año la periodista demandó al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada la impunidad reinante en su caso. En 2014 esta instancia internacional decidió que se pronunciaría sobre el tema.