La vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, confirmó un principio de oportunidad parcial con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por lo que se convierte en pieza clave dentro de las investigaciones por los casos de corrupción en el departamento.

Entre las condiciones del acuerdo se establece que el exgobernador tendrá que devolver todo el dinero que presuntamente robó y los bienes que adquirió producto de la corrupción que aquejó al departamento de Córdoba, los cuales serían superiores a los 4.000 millones de pesos.

La vicefiscal señaló que este es tan solo uno de los acuerdos a los que debe someterse Lyons, además de que deberá cumplir con la justicia colombiana dado que sea requerido y servir como testigo de cargo en procesos que adelante la entidad en las indagaciones llevadas a cabo.

En cuanto al proceso judicial de Lyons, la Fiscalía General de la Nación ya solicitó a la justicia estadounidense fijar una fecha precisa para la audiencia de imputación de cargos contra el exmandatario departamental y se espera que en los próximos días se conozca la fecha de la diligencia.

Riveros indicó que el ente acusador “ha recaudado evidencia que no está solamente en grabaciones sino también en correos electrónicos y pruebas documentadas y testimonios de terceros”.

A Lyons se le señala de al menos 20 hechos de delitos contra la administración pública, como el presunto responsable de las irregularidades detectadas en el manejo del Sistema General de Regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología en el departamento.

Para el fiscal Néstor Humberto Martínez, Lyons deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

La investigación se relaciona con el posible fraude de recursos que superan los 10.000 millones de pesos, los cuales habrían sido usados de manera indebida a través de convenios celebrados con entidades sin ánimo de lucro, durante su administración en el periodo del año 2012 al 2015.

Reforma de la justicia

Luego de que estalló el escándalo de corrupción en la justicia, desde el Congreso de la República se  reabrió la posibilidad de tramitar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 

La propuesta la anunció la senadora liberal Viviane Morales, quien señaló que ésta se requiere para lograr los cambios que se reclaman para la rama judicial, los cuales no han prosperado en los últimos años por la vía legislativa.

Según Morales, quien antes de llegar en el 2014 al Senado fue fiscal general de la Nación, “el único camino para reformar la justicia es una Constituyente, no podemos demorar más esa salida. Yo presentaré un proyecto para hacer esa convocatoria, que permita reformar integralmente la justicia con un tiempo determinado y una composición calificada, para que, en nombre del pueblo, sin la presión de las altas cortes, ni del Congreso; ni la incompetencia del Gobierno, se pueda dar un sistema que acabe con la corrupción”.