La Contraloría General de la República evidenció un hallazgo fiscal por por 1.800 millones de pesos en las entidades encargadas de la prestación de servicios de alimentación, vigilancia electrónica, infraestructura y atención en aalud a los presos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El ente de control señaló que los 11 hallazgos que se encontraron con la auditoría a esta entidad, “confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para llevar a cabo su objeto misional”.

En materia de infraestructura física, el ente de control evidenció que la respuesta a los planes de necesidades de reparaciones de los centros penitenciarios del Inpec no ha sido oportuna.

Asimismo, encontró un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agravaría con la decisión de la Uspec de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través de un contrato interadministrativo suscrito con Fonade, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

El organismo también señaló que la Uspec “reconoce un rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, situación evidenciada tanto en el control a la ejecución contractual, como en las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada pero que para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”.

Otras de las irregularidades están representantas en que la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).

Para la Contraloría, la demora de la Uspec para poner en marcha del plan de mantenimiento y la solución oportuna de las reparaciones y atención en materia de infraestructura, motivaron a que el Inpec destinara recursos para celebrar convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los establecimientos de reclusión, lo que además de generar posible extralimitación de funciones, lleva a que se puedan estar efectuando duplicidad de inversiones.

“En 2016 el INPEC suscribió 8 convenios por valor de $130 millones, y 38 convenios en 2017 por valor de $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la USPEC, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones”, indicó el ente de control.

En cuanto al servicio de vigilancia electrónica el ente de control evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.
 
Otros hallazgos

En igual sentido, la Contraloría objetó la cláusula octava de un convenio suscrito entre Uspec y Fonade, por entregarse incondicionalmente la propiedad de los rendimientos financieros de las sumas entregadas de manera anticipada a esta última entidad, lo cual va en detrimento de los intereses patrimoniales del Presupuesto General de la Nación. 

"Con corte a Junio 30 de 2017, se habían causado rendimientos superiores a 2.500 millones, habida cuenta del volumen de recursos de cuatro vigencias fiscales comprometidos en este convenio ($430.000 millones) para la contratación de nuevos cupos, planes de mantenimiento y dotación de 56 establecimientos de reclusión", indicó el ente de control.

Otra irregularidades tienen que ver con las deficiencias generalizadas en la supervisión contractual, que llevaron al recibo y pago de obras no realizadas, o de trabajos que no corresponden con la especificación contratada. Algunas de ellas se detectaron en los establecimientos EPMSC Chocontá, EPMSC Manizales, EPMSC Acacías, EPMSC Salamina y EPMSC Bucaramanga, las cuales sumaron hallazgos fiscales por 602.5 millones de pesos.

En la evaluación a la contratación de infraestructura, se encontraron contratos de operación y mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en ciudades donde las respectivas empresas prestadoras de servicios públicos certificaron que el servicio de potabilización de agua y disposición final de aguas residuales venía siendo atendido por ellas. 

Esta situación se pudo constatar en el EPMSC Acacías y en el Complejo Penitenciario de Cúcuta las cuales ocasionaron un daño patrimonial por 738 millones de pesos.

En materia de salud, la auditoría pudo establecer que se destinaron recursos apropiados a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios por concepto de la “Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario con destino al Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por más de 6.200 millones de pesos".