El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que la entidad decidió reparar a los más de 5.000 afectados de Estraval, compañía que captó ilegalmente más de 500.000 millones de pesos en la comercialización de créditos de libranza. Dicha reparación se iniciará a mediados de 2018.

Los pagarés de libranza negociados por Estraval o a través de esta sociedad se mantendrán como activos disponibles con el fin de servir como medio de pago para los afectados.

“Vamos a comenzar a hacer la repartición de dinero a partir del primer semestre del año entrante. La recuperación de bienes va a empezar a usarse para el resarcimiento de los afectados en este proceso de captación ilegal”, aseguró Reyes Villamizar.

Los activos decomisados para la reparación en pesos equivaldrían a “decenas de miles de millones” provenientes de libranzas de Colpensiones, algunas otras otorgadas por funcionarios del Ministerio de Defensa, activos fijos y bienes inmuebles de los responsables.

Según la Superintendencia, el proceso de pago no será sobre el porcentaje total del crédito, sino que se repartirá de manera equitativa a todos los afectados con el fin de que los inversionistas pequeños sean los mayores beneficiados.

Para decidir, el juez que lleva el caso analizó las más de 1.076 carpetas que comprometen el expediente y realizó un estudio individualizado de 2.320 solicitudes de exclusión de activos. En total, fueron analizados uno a uno los 60.000 pagarés identificados en las bases de datos de liquidación.

En la audiencia se advirtió que los afectados de Estraval fueron objeto de un engaño. Los afectados “a pesar de que pensaron hacer un negocio, en realidad estaban siendo víctimas de un esquema de defraudación”, se estableció.

Proceso de inventario

Actualmente, avanza el proceso de consolidación del inventario de bienes y recursos, dentro de los cuales se encuentran bienes muebles e inmuebles, así como acciones y documentos que acreditan la participación de directivos y accionistas de Estraval en otras compañías.

Para recuperar estos activos se vienen desplegando una serie de actividades que van desde la búsqueda de activos en Colombia y en Estados Unidos. Al respecto, se informó que, se ha logrado que el trámite realizado en Colombia sea reconocido por la Justicia Federal estadounidense para recuperar bienes que hayan sido transferidos al país del norte.

Entre las personas intervenidas por el ente de control se encuentran: Fernando Joya Rodríguez, José Ignacio Alemán Cárdenas, Edna Usgame, Juan Agustín Vergara, Juan Carlos Bastidas Alemán, Juan Carlos Gil Quintero, Tatiana Quintero Baíz y César Fernando Mondragón. El ente de control no descarta vincular más personas al proceso.

En la audiencia, algunas de estas personas solicitaron ser excluidas de la lista de intervenidos por la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, el juez concluyó que no se logró desvirtuar su participación en la captación ilegal de recursos, según la documentación del caso.

“Los apoderados de Fernando Mondragón afirmaron que no había captación ilegal en el caso de Estraval. Mientras que los abogados de Juan Carlos Bastidas reconocieron que sí existían irregularidades y que hasta habían triplicado algunos pagarés, pero que su cliente supuestamente no sabía nada”, afirmó Reyes Villamizar.

De igual forma, el superintendente agregó que este proceso se está trabajando de la mano con diferentes autoridades como la Fiscalía General de la Nación para esclarecer de manera definitiva el caso.

Proyecto de ley

Según la Superintendencia de Sociedades es muy posible que el otro año se apruebe un proyecto de ley en el Congreso de la República que impediría la comercialización de libranzas por fuera de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

“Quién quiera comercializar libranzas a partir de esta ley va a tener que hacerlo a través de una fiducia o de una cartera colectiva, de manera que ya no es viable una comercialización directa como lo fue en el caso de Estraval y de otras compañías”, aseguró Reyes.

La idea del proyecto de ley es evitar que situaciones de captación masiva de dinero estén sujetas a la regulación de la Superintendencia Financiera modificando la orientación vigente que resultaba “amplia para los efectos de fiscalización que se ejerce sobre las compañías”, aseguró el superintendente.