Con el anuncio del Gobierno y la guerrilla de las Farc sobre el acuerdo del punto que acuerda la Justicia Transicional, la opinión pública tendrá que relacionarse con varias términos mencionados en el documento.

Colprensa consultó expertos y extrajo de las declaraciones de los protagonistas las explicaciones necesarias para ampliar el panorama sobre los nuevos términos que los colombianos tendrán que empezar a emplear en el marco de una posible firma del proceso de paz.

Justicia Transicional

Es un modelo de justicia alternativa que permite que los integrantes de las Farc sean juzgados en un sistema diferente al penal, con el compromiso de desmovilizar su activos, y otros requisitos de verdad y reparación.

El exfiscal Guillermo Mendoza Diago define dicho sistema como: "Una herramienta para solucionar este tipo de conflictos, que tiene muchas aristas, pues si los integrantes de las Farc se someten al sistema penal, nunca van a salir de la cárcel; entonces, si se van a desmovilizar y se acogen a la Justicia Transicional, es una forma de hacer justicia desde un punto de vista diferente".

Frente a este sistema jurídico, alias 'Timochenko' señaló que, "la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido diseñada para todos los actores del conflicto: combatientes y no combatientes, desde una perspectiva netamente restaurativa".

Tribunal Especial de Paz

Según el comunicado leído ayer en la Habana (Cuba) a este Tribunal llegarán los casos relacionados con el conflicto armado. El Tribunal estará integrado principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos.

La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

Según el Fiscal General, el Tribunal de Paz pretende juzgar a los militares y a otros involucrados en el conflicto, y no únicamente a los integrantes de las Farc. Montealegre explicó que hasta los involucrados en la toma del Palacio de Justicia podrían acudir a esa jurisdicción especial.

Delitos conexos

Son los delitos cometidos como medio para perpetrar otro hecho delictivo, o facilitar su ejecución, en este caso los delitos que se considerarían conexos, son los que las Farc o los inmersos en conflicto, cometieron para llevar a cabo los delitos de orden político.

Un ejemplo es el tema del narcotráfico. Como explicó el asesor del Gobierno en temas de justicia, Juan Carlos Henao, "el narcotráfico será considerado un delito conexo, porque se considera que fue una actividad de financiamiento de la guerrilla".

Juicio contradictorio

Va a ser una etapa del proceso judicial de la Jurisdicción Especial de Paz y se emplearía si los integrantes de la guerrilla o los militares no dicen toda la verdad. El Juzgado emplearía la figura de juicio contradictorio, y si el acusado es declarado culpable puede tener sanciones de prisión de hasta 20 años en cárcel ordinaria.

"Estamos ante un sistema judicial para la paz, los mentirosos van a juicio contradictorio", señaló Juan Carlos Henao en declaraciones radiales.

Sanciones de restricción efectiva de la libertad

Es el método que se pretende emplear en remplazo de la cárcel, aún no se ha establecido exactamente dónde se ubicarían dichos complejos, pero serían cobijados quienes cometieron y aceptaron delitos graves en el contexto y en razón del conflicto, y permanecerían recluidos entre cinco y ocho años.

Por ahora, la definición más aproximada la hizo el abogado de las Farc, Enrique Santiago, que indicó en diálogo con La FM, que dichas penas no serán pagadas en la cárceles ni en domicilios, sino en terrenos aún por asignar; los cobijados con la medida se dedicarían a realizar acciones reparativas entre ellas el desmonte de minas antipersonma, sustitución de cultivos ilícitos y reparación de la infraestructura.

Según Santiago, no se conoce el lugar donde se llevarían a cabo dichas acciones reparadoras a la sociedad, y en su momento dependería de los jueces del Tribunal Especial de Paz determinar donde se pagarían dichas sentencias.

Bogotá | Colprensa