Luego del anunció hecho de este miércoles sobre la visita del presidente Juan Manuel Santos a La Habana en donde se daría a conocer el acuerdo de Justicia Transicional al que llegaron el Gobierno y las Farc, la Procuradurpía General de la Nación recordó cuáles son los mínimos penales que se deben cumplir frente a autores de crímenes atroces.

En un oficio publicado el pasado 20 de agosto, el procurador Alejandro Ordoñez Maldonado había advertido de cuáles son los 10 mínimos penales para los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Esta comunicación del jefe del Ministerio Público fue dirigida a los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de la guerrilla de las Farc en La Habana (Cuba), Humberto de la Calle y alias ‘Iván Márquez'.

En la misiva, el Procurador resaltó que conforme al derecho internacional, la pena para los máximos responsables es la reclusión y solo si esta se cumple de manera genuina se puede asegurar que no existe impunidad frente a los más graves crímenes.

El jefe del Ministerio Público dejó en claro que la misma pena debe aplicarse para los agentes del Estado que perpetraron iguales crímenes. La impunidad no debe proceder para nadie porque “la sociedad colombiana exige justicia”, afirmó.

Igualmente, el oficio señaló que “la pena no debe ser entendida como una imposición, una humillación o una derrota, sino como muestra de sincera voluntad de reconciliación y de dignificación de las víctimas e inclusive de los victimarios”.

Sin embargo, el Procurador advirtió que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación tampoco pueden omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o dirigentes políticos. Sin embargo, precisa que la definición de estos puntos es competencia exclusiva del Congreso de la República.

“No es aceptable desde el punto de vista constitucional que se llegue a usurpar dicha competencia pretendiendo definir ese marco jurídico en la Mesa de Conversaciones. Sería muy grave para los militares y policías que su suerte jurídica la decidieran las Farc y el Gobierno Nacional en La Habana”, precisó el Procurador.

Adicionalmente, señaló que los mínimos penales deben servir para construir fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas, los reclamos de justicia y las diferentes perspectivas que se plantean en la Mesa de Negociaciones.

Así mismo, recalcó que es indispensable abrir un debate público con el fin de que las medidas de justicia que se adopten tengan el apoyo de la sociedad y la mayor legitimidad. Para eso propone un foro en que estén representadas las visiones del Gobierno, la oposición y las Farc.

Finalmente, en el documento anuncia que enviará una propuesta en materia de penas a La Habana con el fin de contribuir a que se cumplan dichos mínimos y se garantice así seguridad jurídica para los miembros de las Farc. 

*Bogotá | Colprensa