La Fiscalía formuló cargos a siete personas que conformaban una supuesta asociación de vivienda que habría estafado a cerca de 400 familias con la promesa de ayudarles a adquirir casa de interés social en San Gil (Santander).

En las audiencias, la Fiscalía imputó los delitos de estafa agravada y urbanización ilegal. La investigación permitió establecer que un mismo lote fue vendido hasta tres veces a diferentes personas; y que los proyectos de vivienda ofrecidos no contaban con los permisos de ley.

Preliminarmente, se calcula que la defraudación a las víctimas superaría los $5.000’000.000. 

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Los procesados son: Rosembert Alberto Gélvez, presidente de la junta directiva de la asociación de vivienda; Mauricio Hernando Lozano Vega, vicepresidente; Rosemberg Rojas Pérez, tesorero y vendedor de proyectos; Jefferson Alexander Arguello Carreño, vendedor de lotes y recaudador de dinero; Alonso Rodríguez Castillo, vendedor de lotes y recaudador de dinero;  Expedito Acelas Mejía y Sergio Dueñas Arenas. 

Durante las indagaciones se conoció que la asociación de vivienda fue creada a finales de 2010, y usaba distintos nombres para generar mayor credibilidad y confianza entre los compradores, a quienes presuntamente también les prometieron facilidades para acceder a los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional.