Estados Unidos expulsó a un exmilitar colombiano presuntamente implicado en cinco asesinatos hace diez años mientras comandaba un batallón del ejército, informó el miércoles el ICE, la agencia de control migratorio estadounidense.

El teniente coronel retirado Óscar Gómez Cifuentes, de 53 años, fue expulsado el martes del país por funcionarios de la Oficina de Detención y Deportación (ERO en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), indicó la institución en un comunicado. 

Gómez Cifuentes "estuvo implicado en cinco asesinatos en Colombia, presuntamente ocurridos mientras era comandante del Batallón de Infantería 43 Efraín Rojas Acevedo", ubicado en Cumaribo, en el selvático departamento de Vichada (este), señaló el texto.

Los asesinatos, tuvieron lugar en noviembre de 2007 en una finca de Colombia, fueron reportados como de guerrilleros muertos en combate, pero se alega que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por organizaciones de derechos humanos como "falsos positivos".

El ICE dijo que Gómez Cifuentes se encontraba ilegalmente en Estados Unidos desde 2014. El 4 de abril pasado un juez federal de inmigración había ordenado su regreso a Colombia, pero el exmilitar apeló.

El 10 de junio, mientras se resolvía su apelación, Gómez Cifuentes fue arrestado en Miami por agentes del equipo de operaciones de fugitivos del ICE. Sin embargo, el 24 de agosto el detenido retiró su apelación y resultó finalmente expulsado el 31 de octubre.

El caso del exmilitar estuvo en manos de la oficina del ICE en Miami, con apoyo de la unidad Centro de Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra (HRVWCC del inglés), creada en 2009 para prevenir el ingreso de extranjeros sospechosos de abusar de los derechos humanos y expulsarlos del país en caso de identificarlos.

En Colombia se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles durante el conflicto armado que ha azotado al país desde mediados de los años 1960, a quienes los militares presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener promociones y beneficios.

La ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch calificó esta práctica de "sistemática" entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Colombia registra más de 260.000 muertos en medio siglo de violencia fratricida, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública.