Para muchos es la palabra empeñada, para otros la estrategia para hacer trizas los acuerdos de paz, pero en medio de las interpretaciones que se den, lo cierto es que al Congreso de la República llegará en menos de un mes una discusión que se estaba demorando: la reforma constitucional a la Justicia Especial de Paz. 

El anuncio hecho por el presidente Iván Duque el domingo de llevar una reforma en tal sentido, recoge el sentimiento de un gran sector de la opinión que nunca estuvo de acuerdo con el proceso de paz con las Farc y mucho menos en dar amplios beneficios a los desmovilizados de la entonces guerrilla que se dieron con esa justicia transicional. 

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Por ahora está claro que serían al menos tres los actos legislativos que se radicarían en el Congreso: uno el que lleve el presidente Iván Duque, otro el que anunció el jefe del partido de gobierno (Centro Democrático) Álvaro Uribe y un último el que anticipó el senador conservador Juan Diego Gómez, el cual también tendría el apoyo de esa colectividad. 

Compleja discusión

No será nada fácil que el Gobierno y los partidos que le acompañen puedan tramitar esa reforma, esto porque los actos legislativos que aprobó el Congreso entre 2016 y 2017, los cuales ya fueron avalados por la Corte Constitucional, dieron una seguridad jurídica a los mismos al menos durante tres gobiernos. 

Es decir que durante 12 años las reformas constitucionales que dieron vía libre al acuerdo de paz (la JEP, la desmovilización de las Farc, entre otras), no se podrán modificar, esto dando una seguridad jurídica y política. 

La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus, sostiene que “en algunos temas que expone el presidente se trata ya de discusiones cerradas por la Corte Constitucional en las que el propio Congreso ha cerrado la puerta. La implementación de los acuerdos es una política de Estado que debe cumplirse de buena fe durante los próximos tres gobiernos”. 

Una opinión similar la da el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien sostiene que “la reforma al acto legislativo que creó la JEP, no hay ninguna norma que no pueda entrar a revisión o que no pueda ser modificada, como dicen algunos”. 

Lo que propone Duque

El anuncio del jefe del Estado es que la JEP se reforme en tres aspectos. El primero es que uno de los que más se ha cuestionado no haya quedado por fuera de los acuerdos en el momento de la negociación, los delitos de abusos y acoso sexual a los menores de edad. 

“(Sobre) la exclusión de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia Transicional, nada, ninguna ideología, absolutamente nada, justifica la aberrante agresión a los más vulnerables de la sociedad. Los colombianos no debemos ahorrar ningún esfuerzo en la protección de los menores”, explicó Duque. 

La segunda reforma que espera el gobierno se introduzca a la JEP es que se deje “claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios”. 

Lo tercero es “dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición”. 

Al respecto, la representante Goebertus sostiene que las reformas son bienvenidas, pero que su escenario de discusión es el Congreso. “El presidente ha anunciado que llevará una reforma constitucional sobre la competencia de la JEP en los delitos sexuales a menores, la reincidencia y delitos el camino para tener esas discusiones es el Congreso de la República, será el Congreso el que considere si pone o no en riesgo el acuerdo de paz”. 

El senador conservador Juan Diego Gómez se mostró confiado en que se darán los cambios, en especial el relacionado con los delitos contra los menores de edad. “Tengo que decir que las preocupaciones que expone el presidente Duque tienen amplio fundamento, las discusiones fueron grandes en el Congreso, hay que volver a llevar esos temas al Congreso de la República. En el tema de los menores de edad vamos a encontrar más respaldo a reformar el acto legislativo 001 de 2017 y así incluir un artículo nuevo en la Constitución que quede expreso”. 

Gómez no duda que esa reforma constitucional que espera tramitar el gobierno podrá alterar las discusiones en el Congreso, pero confía en que se puedan llevar con rapidez. 

La tercera gran reforma a la JEP la pretende hacer el Centro Democrático, desde donde su jefe, el senador Álvaro Uribe considera que en la actualidad sí habría el respaldo político para que se apruebe la misma en el Congreso, esto por todos los escándalos que han rodeado a la JEP. 

“Lo que hasta hace pocos días parecía que no tenía condiciones para ser derogado, uno no sabe hasta donde estos hechos bochornosos de la JEP, previsibles por el origen de la jurisdicción, lleguen a decirle a los políticos y a la opinión pública que hay que derogar la JEP”, indicó. 

Uribe sostuvo que se plantearán alrededor de ocho reformas a esa jurisdicción, entre las que se encuentran las cuatro objeciones que presentó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que son: evitar que los desmovilizados que incurran en narcotráfico puedan conservar los beneficios de la JEP; garantizar que los reincidentes queden excluidos de la Justicia Transicional; permitirle a la Fiscalía realizar diligencias judiciales y que no haya amnistía para delitos de lesa humanidad. 

Desde la academia igualmente se considera difícil poder lograr aprobar esa reforma constitucional que pretende hacer el gobierno a la JEP. De acuerdo con Kennetj Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, “las propuestas para reformar actos legislativos como el 01 de 2017 es inconstitucional, pues se violaría el Acuerdo Final de Paz. Mucho menos se puede modificar el Acuerdo de Paz, pues se suscribió con las FARC y ese movimiento guerrillero jurídicamente no existe.